¡Vergonzoso “trabajo” de Anticorrupción!

Lic. Luis A. Cabañas Basulto

Con múltiples dudas por aclarar sobre el “investigado” periodo del priísta Roberto Borge, y a menos de un año de concluir el decepcionante sexenio del “cambio” que ofreció con el PAN y el PRD para derrotar a su ahora aliado PRI, el gobernador Carlos Joaquín protegió y hasta fomentó una abierta corrupción que se convirtió en sello de la casa con su silencio.

Curiosamente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, a cargo de la cuestionada yucateca Rosaura Villanueva Arzápalo, y supuestamente creada, entre otros, para “investigar”, perseguir y castigar los excesos del gobierno anterior -solamente comparados con los del sexenio del también priísta Félix González- parece haber servido “de adorno”.

 Mejor prueba de ello es el caso de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocido como Aguakán, una “bomba” que explotó el 25 de mayo de 2016, cuando se puso al descubierto aquel oscuro acuerdo de Borge con Aguakán, que pagó más de mil 080 millones de pesos para “amarrar” la concesión del servicio de agua potable en tres municipios.

División del Grupo Mexicano de Desarrollo, Aguakán pagó por la concesión en Solidaridad, y ampliación en Benito Juárez e Isla Mujeres, sin autorización del Congreso o los Cabildos involucrados. Fue directo entre Borge y los entonces alcaldes Mauricio Góngora Escalante, Paul Carrillo de Cáceres y Agapito Magaña Sánchez.

Antes de explotar el escándalo, en diciembre de 2014, el Congreso había consolidado con los munícipes la concesión en sesiones “fast track”, sin previo aviso a la población, con lo que Aguakán amarró los trabajos por 30 años a partir de 20 de octubre de 1993 en los primeros municipios -o sea, hasta 2023-, aunque Borge, Congreso y ayuntamientos otorgaron la ampliación hasta diciembre de 2053.

De manera paralela, se extendió la de Solidaridad con anuencia del Congreso y ese Cabildo, pero ni el mandatario ni los tres alcaldes precisaron públicamente los términos de la concesión y si habría contraprestación. No obstante, en el Informe de Resultados del Cuarto Trimestre de 2014, DHC reveló haber pagado la contraprestación por los nuevos términos en la concesión a favor de Aguakán en los tres municipios.

Según publicaciones de la época, principalmente del portal Noticaribe, el informe precisó que la variación en su activo circulante fue por pagar la contraprestación de un millón 079 mil 400 pesos al Gobierno del Estado para ampliar la concesión hasta 2053, así como la inclusión de Solidaridad.

Tan sólo en 2014 -antes de incluir Solidaridad-, los ingresos de Aguakán por servicios habían ascenderían a 981.6 millones de pesos, 15% más que el año anterior, de 853.6 millones. Estos ingresos se debían al aumento de tarifas y la aplicación de una nueva “por saneamiento”, aunque los gastos de construcción fueron 158 millones, 51.8 millones más que en 2013, con 106.6 millones.

Empero, su utilidad de 2014 fue de 158.4 millones, después de gastos por nómina, mantenimiento, impuestos, gastos financieros, y administración, así como amortización de deuda. Fue 51.7% mayor al año anterior, cuando ascendió a 104.8 millones.

La concesión ocurrió en medio de profunda crisis financiera del Estado, ante una deuda creciente con los bancos -sumaba 25 mil millones de pesos-, aunque, por recomendación de acreedores, Borge aplicó aquella “reingeniería” del despido de cinco mil burócratas para generar “ahorros”.

Al día siguiente de la “bomba” se supo que, peleado con la transparencia, Borge había “desaparecido” los más de mil millones de pesos de Aguakán. No figuraron en las cuentas públicas 2014 del Poder Ejecutivo o de CAPA, como tampoco en la Ley de Ingresos del Estado 2015.

No sólo el mandatario ocultó el millonario ingreso, sino la Auditoría Superior y el Congreso, el primero encabezado por Emiliano Novelo Rivero -que debería supervisar el gasto público-, que omitieron alguna explicación sobre el destino de la contraprestación.

La XIV Legislatura, que “coordinaba” Pedro Flota Alcocer, aprobó el 11 de noviembre de 2014 prorrogar anticipadamente la concesión del servicio público del agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en Benito Juárez e Isla Mujeres, e incorporar Solidaridad.

En todos los casos, se determinó la vigencia de la concesión al 31 de diciembre de 2053, además de que los diputados delegaron amplias facultades a Borge y alcaldes involucrados para acordar términos: Contraprestaciones, garantías, penalidades, inversiones, facultades, obligaciones y demás detalles.

Aunque ni Borge ni los alcaldes informaron sobre la contraprestación de Aguakán por la prórroga, un documento interno de DHC estableció “…el pago de la contraprestación única de $1079.4 millones erogada al Gobierno de Quintana Roo para la ampliación de la concesión hasta 2053, así como la inclusión de Solidaridad en el área concesionada”.

Sobre 2014, el informe refirió haber recurrido a dos financiamientos por $1,150 millones, principalmente para pagar la contraprestación única al Gobierno de Quintana Roo -no a CAPA- por $1,079.4 millones.

En sus capítulos de Ingresos, la Auditoría Superior del Estado refiere que “productos” son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derechos privados, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, aunque la cuenta pública 2014 establece que esos ingresos fueron sólo por 138 millones 587 mil 699 pesos, muy por debajo de los mil 79.4 millones que pagó DHC.

La Auditoría  tampoco precisó en sus 63 páginas de la Cuenta Pública 2014 del Ejecutivo algún ingreso extraordinario por la contraprestación de Aguakán, mientras que CAPA señaló que sus ingresos totales fueron 727 millones 290 mil 24 pesos, y sus ingresos por derechos y concesiones, 62 millones 600 mil 992.

Con los documentos relativos al tema, Noticaribe publicó que el 11 de diciembre de 2014, la XIV Legislatura sostuvo maratónica sesión en la que aprobó 61 puntos, cuentas públicas la mayoría, pero no incluyó en el presupuesto del año siguiente el pago de la contraprestación de Aguakán.

Borge sólo había necesitado dos días para percatarse de que era un gran negocio avalar la ampliación de la concesión en Isla Mujeres y Cancún y privatizarlo en Solidaridad, todo a favor de DHC, corporativo que presidía Jorge Eduardo Ballesteros Franco.

(El 9 de mayo de 2001 la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos acusó de fraude al empresario, socios y familiares por beneficiarse ilícitamente de información privilegiada, lo que les proporcionaría ganancias por 3.7 millones de dólares. La demanda surgiría del comercio de acciones de la empresa química Nalco Chemical Company, y seis de los implicados pagarían en principio 4.7 millones de dólares)

El 10 de noviembre del 2014, DHC haría su propuesta: A cambio de la concesión, Borge habría recibido de inmediato mil 55 millones de pesos, y pagaría a CAPA una contraprestación variable anual por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad: Una fracción de los ingresos del servicio privatizado.

Dos días después, Borge puso en marcha la maquinaria del Estado para aprobar lo necesario para entregar la concesión, aunque no informó al pueblo, no dio a conocer de qué se trataba la propuesta, no explicó los hipotéticos beneficios, ni en que usaría el dinero.

No actuó solo, pero tampoco tuvo oposición, pues todo involucrado dio su anuencia. Al inicio de la privatización, cuando del Consejo Consultivo de CAPA abordó el tema el 12 de noviembre, funcionarios de gabinete, alcaldes, cabildos involucrados y la XIV Legislatura la aprobaron.

         Atestiguaron la privada sesión extraordinaria de CAPA, además de Borge, sus entonces secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor (Rosario Ortiz Yeladaqui), y la directora de la CAPA (Paula Guadalupe González Cetina)

         Asimismo, los diez alcaldes del PRI: Eduardo Espinosa Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora, Paul Carrillo, Juan Manuel Parra López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña, David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y José Alfredo Contreras Méndez (Bacalar)

         Entre titulares y suplentes, los priístas de la dócil, controvertida XIV Legislatura (2013-16) eran Flota Alcocer, Judith Rodríguez Villanueva, José Luis Toledo, Cora Amalia Castilla Madrid, Irazu Marisol Sarabia May, Arlet Mólgora Glover, Maritza Medina Díaz, Octavio Rangel Aréchiga, Juan Manuel Herrera, Juan Luis Carrillo Soberanis, Juan Carlos Huchim Serralta y Jesús de los Ángeles Pool Moo.

         Por último, Filiberto Martínez Méndez, Víctor Mas Tah, Suemy Fuentes Manrique, José Ángel Chacón Arcos, Javier Briceño Ramos, Mario Machuca Sánchez, Óscar Rolando Sánchez Reyeros, Natalia Cruz Lara, Berenice Penélope Polanco Córdova, Delia Alvarado, Susana Hurtado Vallejo, Edgar Humberto Gasca Arceo, Freyda Marybel Villegas Canché, Miguel Ángel Caamal Sosa, Martín de la Cruz Gómez y María Elena Ruiz Molina.

         Tras la aprobación “fast track”, el 5 de diciembre del 2014, Borge, CAPA y DHC firmaron un contrato que asienta que la concesionaria pagaría al primero mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir el trámite de la privatización, pactado “a más tardar” para el día 18.

         Firmaron el documento Juan Pablo Guillermo, representante del Ejecutivo, y Paula Guadalupe González, junto con los representantes de la empresa, Paul Andrew Rangel Merkley y Diego Ramos González de Castilla.

         El 6 de diciembre, Isla Mujeres realizó su VIII sesión extraordinaria de Cabildo, presidida por Agapito Magaña, que aprobó unánimemente ampliar de manera anticipada la concesión hasta 2053. El 8 de diciembre hizo lo propio Benito Juárez, encabezada por Paul Carrillo, en su XII sesión extraordinaria privada, donde se aprobó por mayoría, con sólo dos votos en contra, de los regidores Nadia Santillán Carcaño (PRD) y Alejandro Luna López (PT)

         El mismo día, Solidaridad también aprobó en su XII sesión extraordinaria la entrega del servicio. Todos los regidores votaron, excepto la entonces perredista Laura Beristain, oficialmente “ausente”.

         Tras la formal aprobación en los Cabildos, en sesión que inició el 11 de diciembre y se prolongó hasta la madrugada, el Congreso aprobó por mayoría el Decreto 250, con el que quedó firme la prórroga y privatización hasta 2053.

         En “otros asuntos”, se aprobó el Decreto 249, que autorizó a CAPA a vender el inmueble histórico que durante muchos años ocupó en la Calle 10 con Calle 6 Norte, en la zona turística, así como el Decreto 251, que le autorizó un crédito hasta por 980 millones de pesos. El 18 de diciembre, Aguakán depositó a CAPA los mil 55 millones 999 mil 962 pesos acordados en el contrato firmado el día 5.

         Sin embargo, aunque en el informe del Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal 2014 figura un concepto de transferencias por poco más de mil millones de pesos, en el informe de la Auditoría sobre ese ejercicio fiscal de CAPA, aparecen ingresos y egresos menores a 800 millones. No refleja el comprobante fiscal relacionado por los mil 055 millones 999 mil 962 pesos.

         El “desaparecido” dinero también estaba registrado en el Informe de Resultados de DHC, correspondiente al último trimestre de 2014, con un apartado específico sobre pagos anticipados a CAPA para infraestructura, así como la contraprestación única, que asentó como de mil 79 millones de pesos, y una condonación de 235 millones por concepto del saldo pendiente.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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