Una sociedad desinformada es vulnerable a la polarización: INAI

Por Consejo Editorial

La transformación de Andrés Manuel López Obrador quien, como candidato, llamó a una cruzada por la rendición de cuentas en un presidente de México que se resiste a la transparencia gubernamental se pone de manifiesto en el turismo gubernamental. Desde que asumió el poder federal desacató la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de informar sobre los viajes de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto al extranjero.
“¿Cuál es el problema?”, respondió López Obrador a la exigencia de información de los viajes de lujo al extranjero de su secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, un nuevo escándalo que desnuda su doble cara en el marco de su ataque al INAI, de la cual dice que es una institución que “no sirve para nada”.

Apenas unos meses después de asumir la presidencia, López Obrador se negó a responder la solicitud de información de un particular que requirió a la Presidencia el desglose de los viajes al extranjero de los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto: país visitado, estado o ciudad de partida, matrícula del vehículo o aeronave que lo trasladó, motivo del viaje, acompañantes (número y nombres con apellidos), monto económico aprobado para cada viaje y el fundamento del gasto de esos viáticos.
Y aunque en su discurso es común el ataque sistemático a sus predecesores, en los hechos la Presidencia de la 4T se negó a dar esa información, ante lo cual el solicitante acudió ante el INAI, que sesión plenaria del 13 de febrero de 2019 exigió a esa oficina gubernamental entregar la información requerida.

Cuatro años más tarde, la administración de López Obrador se niega a informar sobre los viajes de lujo del general Sandoval. En sus mañaneras, respondió que no ve ningún problema al turismo al extranjero de su secretario de la Defensa, quien se hace acompañar de un obeso séquito de familiares y allegados a costa del erario.
Pero a diferencia de hace cuatro años, hoy el pleno del INAI no puede sesionar desde el 1 de abril porque López Obrador vetó el nombramiento de tres consejeros. Así como encabezó una embestida contra el Instituto Nacional Electoral, López Obrador ahora busca el desmantelamiento del Instituto Nacional de Transparencia. ¡Ah, pero eso sí!: el propio presidente instruyó hace poco más de un mes, el pasado 8 de marzo, al secretario de gobernación que se le solicite vía INAI a cuanto asciende el monto de unos fideicomisos del INE; “Le di instrucciones al secretario de gobernación, que solicite al Instituto de la Transparencia que den a conocer cuánto dinero tienen y que uso le han dado a sus fideicomisos y para qué es ese dinero (sic)”, aseguró AMLO. Entonces ¿sirve el INAI o no sirve?

En su férreo contrataque, los comisionados del INAI recalcan que esa institución es insustituible pues defiende a los mexicanos, buscar equilibrios en el poder y brinda a la sociedad el derecho de exigirle a los gobiernos que rindan cuentas y sean transparentes.
Su comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, expone: “La polarización social no solo repliega la democracia, sino que, incluso, amenaza su continuidad; de ahí la relevancia de que las instituciones del Estado mexicano no seamos pasivas ante posibles regresiones del sistema democrático que nos ha costado décadas construir; al contrario, nuestro deber es defender lo conquistado, por eso, desde el INAI aprovecharemos todos los foros para enfatizar el trabajo que tenemos que hacer en favor de la sociedad y la necesidad de contar con quórum para sesionar, pues con ello también podemos seguir defendiendo los derechos”.
Ibarra Cadena dejó claro que la función del órgano garante nacional es esencial para la democracia en el país y solo cuesta a cada mexicano y mexicana siete pesos al año.

A su vez, el comisionado Adrián Alcalá Méndez, abundó que contra lo que propuso López Obrador, las funciones del INAI no se duplican con ninguna secretaría o institución de Estado, porque ninguna es garante de la transparencia, el acceso a la información o la protección de datos personales, por ello, ni la Secretaría de la Función Pública, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Auditoria Superior de la Federación podrían asumir las atribuciones del Instituto.
“Quiero ser el primero en derrumbar las falsas premisas sobre el Instituto. Primero, sin el INAI y sin el Sistema Nacional de Transparencia las posibilidades de que el derecho de acceso a la información sobreviva son muy, muy limitadas, porque nosotros revisamos y obligamos a que aquella información que no quieren entregar los más de 800 sujetos obligados en el ámbito federal y los más de 8 mil 240 sujetos obligados en el territorio nacional sea entregada. Sin información no hay poder y el poder radica en la sociedad”, advirtió.

Alcalá Méndez enfatizó que el ejercicio del gasto del Instituto es auditable y público: “todas las cuentas públicas desde el año 2003, que inició funciones, han sido aprobadas por la Auditoría Superior de la Federación y todas pueden ser revisadas. En el INAI, no escondemos nada, ni siquiera nuestros correos electrónicos, porque somos la casa de la transparencia”.
A su vez, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó la importancia de que la juventud se involucre en el gobierno abierto e incidan en la vida pública usando el derecho a saber como una vía para combatir la desinformación y debatir de manera respetuosa, contribuyendo así a reducir la polarización.
“En el INAI estamos en una lucha, en un debate por generar la información correcta sobre lo que representa nuestro Instituto. Hemos dado cuenta de cómo una sociedad desinformada es más vulnerable a la polarización y créanme que las redes sociales a veces están llenas de desinformación, es lamentable. Este ejercicio de gobierno abierto ayudará a fomentar que esa cultura de desinformación no exista”, concluyó.