Roger Aguilar y el arte de hacerse el capirucho

“El Zorro” cree, equivocadamente, que con no proporcionarme esa información no me da “armas” para ejercer una crítica. Que alguien, por favor, le informe que hay silencios que dicen más que las respuestas orales o escritas. De acuerdo al artículo 49, clausula IV, de la Ley de Transparencia del Estado de Yucatán, son sujetos obligados, lo pongo en mayúsculas y lo repito OBLIGADOS, los ayuntamientos.

Por Fernando A. Toledo y Rivadeneyra

Roger Aguilar, el actual alcalde de mi querido Motul, parece no conocer o, al menos, no entender que el que se enoja, pierde. Quizá ninguno de sus asesores le ha dicho que antes de expresar públicamente un argumento este debe pasar, con anterioridad, un proceso mental, no visceral. El cerebro produce ideas y el estómago mierda.
El berrinche hecho por el primer edil motuleño cuando supo que algunos medios de comunicación habían publicado en las redes sociales su comparecencia ante un juez de control, en calidad de imputado por cometer presuntos actos de corrupción, es muestra de la moral y la ética con la que “El Zorro” manda, que no gobierna, en el municipio.
Tan torpe e ineficaz es el actuar de Roger Aguilar, que no solo humilló en privado a sus directores y plumas de alquiler, sino que, además, los exhibió públicamente: todos los que vieron entrar a palacio municipal a los representantes de sus medios de comunicación, solos o en pareja, los reconocieron y ataron cabos.

Uno de los graves problemas de Roger Aguilar es que cree que los comunicadores debemos actuar como fiscales o jueces. No, nosotros no necesitamos revisar a fondo las cuentas públicas para asegurar que “El Zorro” violenta la Ley y está muy lejos de respetar el Estado de Derecho. Me explicaré: desde marzo he interpuesto doce solicitudes al ayuntamiento de Motul para que me proporcione información pública, ninguna de esa información solicitada me ha sido proporcionada. ¿Por qué el ayuntamiento encabezado por Roger Aguilar se niega a proporcionarme información sobre cómo se han manejado las concesiones de locales en el mercado “Felipe Carrillo Puerto”; cómo y a quién se le concesionó la recolecta de la basura; los relativo a su más reciente informe de gobierno; cuánto les ha costado y les sigue costando a los motuleños el edificio del centro Prehospitalario y cuales son las condiciones de arrendamiento; cuantas anuencia para la venta de bebidas alcohólicas han proporcionado sus dos administraciones; cuanta gente trabaja en palacio municipal, cuáles son sus deberes y obligaciones y cuánto cobra cada uno, entre otros temas que, se supone, son públicos?

“El Zorro” cree, equivocadamente, que con no proporcionarme esa información me priva de “armas” para ejercer una crítica. Que alguien, por favor, le informe que hay silencios que dicen más que las respuestas orales o escritas. De acuerdo al artículo 49, clausula IV, de la Ley de Transparencia del Estado de Yucatán, son sujetos obligados, lo pongo en mayúsculas y lo repito OBLIGADOS, los ayuntamientos. Roger Aguilar no debe, de acuerdo a la citada Ley, ser selectivo y discrecional a la hora de decidir a quien sí le proporciona información pública y a quien no. Su obligación es entregarla a quién se lo solicite, sin distinción alguna.
El artículo 1 de la referida ley establece que esta es de orden público y de observancia en todo el estado de Yucatán, es reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Y, en su artículo 4, establece que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Ya explicado con peras y manzanas, espero que Roger Aguilar comprenda que mi trabajo como periodista no es el de investigar y recopilar pruebas que lo incriminen para presentarlo ante un juez y que lo metan a la cárcel. No. Repito que yo no soy ni fiscal, ni juez… soy periodista. El silencio y la negativa ficta del alcalde a mis solicitudes de petición son suficientes argumentos para afirmar que él no es muy respetuoso de las leyes y que la transparencia y la rendición de cuentas, en cuanto a la administración de lo público, le vale madres. Ante esto ¿puede Roger Aguilar llamarme mentiroso y chantajista? Sí, claro que puede, lo que no puede es presentar argumentos y pruebas que sustenten su dicho. Cómo tampoco puede evitar que yo piense que esas negativas y reticencias a entregar esa información pública, a pesar de estar obligado por la Ley, se deben a que posiblemente algo quiere ocultar. Yo no puedo probar y asegurar que Roger Aguilar sea corrupto, ese es trabajo de los fiscales que ahora lo investigan y del juez que más tarde le sentenciará. Pero el mismo Roger Aguilar me da elementos, tras cada sistemática negativa a mis solicitudes, para pensar que trata de ocultar presuntos hechos delictivos, nepotismo, desvío de recursos y corrupción. Y mi función, como periodista, es exponer públicamente mi opinión sustentada con las mismas pruebas que “El Zorro”, queriendo o no, me ha proporcionado y crear conciencia social. Es cuánto.