Preocupación por las presiones en contra de la judicatura federal independiente en México

Un informe elaborado por el Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, alerta sobre la seria amenaza que enfrenta la independencia judicial en México. Esto se debe a los continuos ataques provenientes de otros poderes públicos, en particular, del Ejecutivo federal.

El “Diagnóstico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México”, realizado en 15 países de América Latina y publicado recientemente, expresa su preocupación por los frecuentes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación y sus miembros, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados, juezas y jueces federales.

El informe advierte que la reducción del presupuesto destinado al Poder Judicial de la Federación tendría un impacto grave en el funcionamiento de la judicatura. El documento también detalla cómo las acusaciones de López Obrador y su administración están dirigidas específicamente a casos en los que las decisiones judiciales no favorecen los intereses del gobierno, lo que constituye una violación evidente de las obligaciones internacionales de respetar y garantizar la independencia judicial.

Además, se menciona que la reforma propuesta para la judicatura federal, que plantea el uso del voto directo para su conformación, no tiene como objetivo fortalecer la judicatura, sino controlarla.

El informe subraya que estas violaciones a los estándares internacionales han sido señaladas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, pero el gobierno no ha respondido adecuadamente, ni ha tomado en serio la gravedad de los ataques. Estos ataques incluyen desde menciones y campañas de desprestigio hasta investigaciones administrativas y penales infundadas, lo cual es característico de regímenes autoritarios en la región.

En respuesta a estos hallazgos, la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados – FLAM, la jueza costarricense Adriana Orocú, expresó su preocupación por las reacciones y presiones en contra de la judicatura federal independiente en México. Destacó que, en una democracia, la judicatura no se gobierna, sino que se administra de manera eficaz, competente e independiente. La FLAM se muestra alerta y proactiva para denunciar los ataques a juezas y jueces a nivel internacional.

Por su parte, Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, señaló que estos ataques buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno. Advierte que los jueces y juezas que responden a intereses ajenos al derecho son convenientes para el gobierno, pero representan un peligro para todas las personas que buscan justicia ante un juez. En este sentido, enfatiza la importancia de que la comunidad jurídica nacional e internacional colabore para garantizar la independencia judicial en México.

Finalmente, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea, subraya que el acceso a la justicia es un derecho humano y, por lo tanto, no está sujeto a negociación. Argumenta que el ejercicio de la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos del Poder Judicial Federal no debe permitir la violación de la independencia judicial ni la vulneración de los derechos humanos.