¿Porqué se cerró el Copecose en Yucatán? urge su reinstalación

Por Jesus Solís Alpuche.

Hace más de 10 años, por causa de los innumerables conflictos intraejidales y el descarado despojo de estos derechos al campesinado en Yucatán, en mi calidad de representante de El Barzón Nacional solicitamos el establecimiento del COPECOSE al Director de la Procuraduría Agraria a nivel nacional.

No obstante, el férreo control que imponían los neoliberales a la administración de los derechos agrarios, en este espacio, que más servía para el desahogo y la catarsis de los afectados que acudían a exponer sus problemas, se lograron resolver algunas cosas de índole esencial, que estaban archivadas y congelar expedientes del tráfico de tierras evidentes abusos de los operadores del despojo de tierras y territorios.

El Comité Permanente de Control y Seguimiento -COPECOSE- es un foro para la atención de la demanda agraria de los campesinos organizados del país, sobre todo cuando se da puntual cumplimiento a las agendas programadas en tiempo y forma, asimismo, cuando se atienden e informa oportunamente de los asuntos recibidos para su trámite. Es justamente una instancia de interlocución con las organizaciones sociales y campesinas del país.

La última reunión del COPECOSE fue a fines del año 2019. Según el artículo 34 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, el COPECOSE es un foro constituido en el seno de la Procuraduría, como una instancia de interlocución y participación de las organizaciones sociales campesinas más representatividades de los servidores públicos. Tiene por objeto el análisis de temas trascendentes en cuestiones agrarias y proporcionar asesoría jurídica del asunto agrario que en él se plantean, así como dar seguimiento a las acciones implementadas para su solución.

Al concluir 2019, este Comité, como la misma Procuraduría Agraria, instituida en enero de 1992 para dar certeza jurídica a las formas de propiedad y solucionar controversias en materia agraria que se generen, tanto entre sujetos agrarios, como entre terceros con motivo de la aplicación de la Ley Agraria a través de la conciliación; urge sea activado, nuevamente, para el cumplimiento de sus objetivos.

No tengo las cifras de sus resultados positivos, pero evidentemente y según esta reunión acalorada, muy poco ha podido hacer para coadyuvar con las representaciones ejidales en materia de derecho agrario y democracia campesina, y menos para dar certidumbre a la tenencia de la tierra, que el Programa de Certificación Ejidal (PROCEDE) instrumentó, con Víctor Cervera, desde el régimen de Carlos Salina para la trasferencia de derechos agrarios a particulares. De hecho, los visitadores y los mismos delegados en todo el país han sido los instrumentos para este cambio del régimen agrario, que complicó la vida en el campo.

Otro conflicto es el de entre Seyé y Muxupip, que desde hace más de 10 años lucha por esclarecer el campesino Matilde May Chan con su Asociación Civil, “Planeación Rural Sustentable”.

El reclamo más acalorado lo hicieron los representantes del comisariado de Muna, al renegar del hecho que el FANAR le reconoce a Muxupip territorialidad ejidal que históricamente pertenecen a Muna. El subdelegado operativo de la Procuraduría, Ing. Felipe Diaz García, dijo que el FANAR no dicta ni decide, sino que, al hacer las mediciones, se basa en el plano de su carpeta básica ejidal, que es el conjunto de documentos en los que se establece la creación, constitución y/o ampliación de los ejidos, de acuerdo con el deslinde definitivo. Dijo que ofrecen apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra. Es de manera gratuita, a través del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, siempre y cuando lo soliciten y acepten la certificación que realice. Dijo que en el caso de Kinchil, no lo aceptaron y tal parece que en Muna tampoco.

Hice la aclaración que los Planos que se usan, a partir de 1992 y los llamados “deslindes definitivos”, están maleados de origen. Y no reflejan coincidencia con los planos proyectos determinados por el Decreto de Reparto Agrario del presidente Lázaro Cárdenas en 1937, por lo que ejidos como Kinchil, Muna y muchos más son afectados para beneficiar a otros.

El 4 de febrero de 2019, el Ing. Felipe Díaz García dijo que entró en función nuevo delegado y es el Lic. Alfredo Ramírez Gomes, y que en lo sucesivo se hará cargo de la procuración de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, brindar servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y representación legal, promover la conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo. Pero Ramirez Gomez, que había tomado al pie de la letra la misión de la Procuraduría Agraria, fue removido del cargo 5 meses después, en agosto de 2019 por causa de movimientos-montajes financiados, entre otros, por el empresario francés Olivier Dutoit Caldairou quien movió sus hilos de la toma de la Procuraduría Agraria (PA) por un puñado de ejidatarios, según Luis Armando Chuc Sánchez, quien fue presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de Motul de 2015 al 2018.

Insistimos en la necesidad que el gobierno federal de la 4ª. Transformación incluya el reconocimiento de la naturaleza jurídica de nuestros pueblos como indígenas mayas y como sujetos de derecho público; atribuciones del nuevo organismo como el Instituto de los Pueblos Indígenas; cuyos principios deben institucionalizarse en los territorios, así como su estructura orgánica y estratégica de regionalización y transversalidad.

Nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado para la participación en la toma de decisiones en foros y asambleas ejidales. Durante muchos años se ha visto a los ejidatarios mayas como sujetos de asistencia, como niños chicos. Hoy, debemos hacernos visibles como sujetos de derecho. Es claro, que en los análisis y discusión sobre reformas o instituciones gubernamentales que velan por la política en materia indígena no puede estar ausente la voz de sus actores principales: en este caso nuestros como pueblos mayas. Queremos que se tome en cuenta las voces diversas y plurales de las diferentes comunidades y núcleos agrarios, en la recuperación del patrimonio, afectado, cada día más, por los megaproyectos bajo consignas pasadas de privatización de tierras ejidales y nacionales. Por eso solicitamos la reapertura de este espacio de deliberación . chantzacan@hotmail.com