Ocupados, pero no empleados: la estadística mexicana que maquilla la precariedad

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En México, las cifras oficiales que la administración morenista de Claudia Sheinbaum nos presenta sobre el mercado laboral se construyen alrededor de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El nombre no es casual: medir ocupación permite a la ¼ T mostrar que la mayoría de la población “trabaja”, aunque lo haga en condiciones precarias, sin contrato y sin seguridad social.
Lo que el segundo piso de la transformación guinda no explica, porque no conviene, es que la diferencia entre ocupación y empleo es crucial: mientras el empleo se refiere a un puesto asalariado con derechos y paga impuestos, la ocupación abarca cualquier actividad económica, incluso aquellas que no generan ingresos formales y evaden el fisco.

La trampa semántica
La narrativa oficial se sostiene en un truco de lenguaje: Ocupación es cualquier actividad económica, remunerada o no, formal o informal. Empleo es trabajo asalariado con contrato, prestaciones y un sistema de ahorro para el retiro para el retiro.
Al medir ocupación, México se alinea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca estadísticas comparables entre países. Sin embargo, en la práctica, esta elección genera un espejismo: un país con “pocos desempleados” pero con millones de subempleados, mal pagados y sin derechos.

La realidad detrás de los números
Más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores mexicanos carecen de seguridad social, estabilidad laboral y acceso a prestaciones básicas. Si las estadísticas se midieran únicamente por empleo formal, la fragilidad del mercado laboral quedaría expuesta. En cambio, al hablar de ocupación, el gobierno puede presumir tasas de desempleo bajísimas, invisibilizando la precariedad.
La ENOE clasifica a la población en tres grandes grupos:
• Ocupados: quienes realizan alguna actividad económica, ya sea asalariada, independiente, informal o familiar no remunerada.
• Desocupados: quienes buscan empleo activamente pero no lo tienen.
• No económicamente activos: estudiantes, jubilados, personas dedicadas al hogar.
Este esquema permite que el vendedor ambulante, el campesino que trabaja su parcela o el ayudante familiar sin salario cuenten como “ocupados”, al mismo nivel que un ingeniero con contrato en una empresa.
Implicaciones políticas y sociales
La medición por ocupación tiene consecuencias directas en la narrativa gubernamental: en primer lugar, un éxito aparente pues se presume que la mayoría de los mexicanos “trabaja”, en segundo se genera un ocultamiento de la precariedad porque se invisibiliza la falta de empleo formal y de calidad y, en tercer lugar, los números maquillados hacen que se lleve al cabo una política pública errada o, en el mejor de los casos, limitada pues los programas laborales se diseñan sobre una base estadística que no distingue entre empleo digno y ocupación precaria.
En el discurso oficial, la baja tasa de desempleo se convierte en un logro. Pero detrás de esa cifra se esconde un país donde millones sobreviven en la informalidad, sin derechos laborales y con ingresos insuficientes.

En México la ¼ T mide ocupación porque así puede presumir que “todos trabajan”, aunque lo hagan en condiciones indignas. La estadística oficial convierte, dolosamente, la precariedad en éxito y la informalidad en estabilidad. En el papel, el país luce ocupado; en la realidad, está desocupado de empleos dignos. Y esos ciudadanos con empleos indignos, son su carne de cañón.