En menos de 40 minutos, a los yucatecos nos aumentaron la pesada deuda pública que llevamos sobre nuestras espaldas de 8 mil 609 millones 475 mil 013 pesos a 11 mil 672 millones 475 mil 012 pesos, para pagar con dinero estatal un monto de 3,063 millones de pesos para una obra federal.
El gobierno de la 4T consideró prioridad invertir en estadios de béisbol de 26 entidades en vez de atender la insistente petición de la ampliación del puerto de altura de Progreso del gobierno yucateco. Y el gobierno de Yucatán, pese a presumir ahorros de hasta 2 mil 500 millones anuales gracias a su “austeridad inteligente” –eso dijo una diputada panista–, comprometerá las participaciones y aportaciones federales en una nueva deuda de Mauricio Vila Dosal, ahora de 3 mil 063 millones de pesos, para esa ampliación.
Como hemos informado en Tu Espacio del Sureste, en su pasada reciente visita a Mérida, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Mauricio Vila sentaron a los 25 petronilos yucatecos y les ordenaron que, en fast track, debían aprobar un nuevo endeudamiento ya que el gobierno federal no tenía recursos para financiar esa “obra detonante para la economía yucateca”.
Y aunque la iniciativa privada local se sumó a la narrativa gubernamental en favor del nuevo endeudamiento, nadie explicó el por qué si es tan importante esa ampliación no se contempló jamás en el presupuesto anual, ni en el Catálogo de Obras Trascendentales de 2023 del gobierno de Vila Dosal.
Pese a la instrucción expresa de la “corcholata presidencial”, Adán Augusto, y del gobernador, tres de los 25 petronilos votaron en contra de la nueva deuda. Lo que sí se pidió en tribuna es que, ya que dinero estatal se utilizará en una obra federal, al menos que el gobierno federal devuelva la cesión parcial del puerto de altura al ejecutivo local.
El resto de la sesión, última del actual periodo ordinario, fue de trámite: se impuso la designación de Olga Rosas Moya como titular de la Agencia de Inteligencia Patrimonial por los próximos 15 años pese a que ni siquiera se ha aprobado la Ley Orgánica del nuevo ente público.
También se aseguró el nombramiento de Juan León León como fiscal estatal para los próximos 15 años.
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