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Mientras el Tren Maya exige más leña, el SAT afila la hoja

La promesa de recaudar 5.9% más sin nuevos impuestos anticipa una fiscalización digital más agresiva, mientras los recursos siguen fluyendo hacia megaproyectos de dudosa rentabilidad y programas con evidente utilidad electoral.

Por Consejo Editorial

En las plazas medievales, el verdugo no anunciaba la ejecución diciendo que habría una nueva pena. Bastaba con verlo afilar el hacha, revisar el filo, montar el patíbulo y pedir al condenado que permaneciera tranquilo. Al fin y al cabo, la herramienta era la misma; únicamente estaba siendo preparada para trabajar con mayor eficacia.
Algo parecido ocurre hoy con la política fiscal del gobierno federal.
Desde Palacio Nacional, el gobierno morenista de la ¼ T insiste en que no habrá nuevos impuestos. La frase se repite con el mismo entusiasmo con el que antes se prometió que el Tren Maya sería rentable, que la refinería Olmeca resolvería la soberanía energética y que el Aeropuerto Felipe Ángeles transformaría para siempre la aviación nacional. Sin embargo, mientras el discurso tranquilizador ocupa los reflectores, detrás del escenario el verdugo fiscal afila cuidadosamente su instrumento.

La meta es clara: aumentar en 5.9% real la recaudación tributaria durante 2027 y llevarla al equivalente del 15.9% del PIB. Y si los impuestos no subirán formalmente, alguien tendría derecho a preguntar de dónde saldrá el dinero.
La respuesta parece encontrarse en la fiscalización digital, las restricciones a las deducciones y un sistema de vigilancia tributaria cada vez más sofisticado. No habrá nuevos gravámenes, nos dicen. Simplemente habrá más controles, más monitoreo, más revisiones automáticas, más cruces de información y menos espacios para respirar.
En otras palabras: no cambia el hacha; cambia el filo.

El economista Javier Becerril García advierte que la ausencia de nuevos impuestos no implica una menor carga fiscal efectiva. Y tiene razón. Para miles de empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el verdadero costo no necesariamente llegará por una nueva tasa tributaria, sino por la creciente necesidad de invertir en contabilidad, tecnología, asesorías especializadas y cumplimiento normativo. Es decir, el gobierno no les quitará más dinero directamente. Únicamente las obligará a gastar más dinero para demostrar que no le deben dinero.
Una sutileza burocrática digna de los mejores alquimistas fiscales.
La pregunta de fondo es más incómoda: ¿por qué tanta prisa por recaudar más?
Quizá porque los grandes proyectos emblemáticos del régimen siguen tragando recursos públicos con el apetito de una ballena azul. El Tren Maya continúa demandando inversiones multimillonarias. La refinería Olmeca parece haber convertido los sobrecostos en una disciplina artística. Y el Aeropuerto Felipe Ángeles sigue funcionando más como monumento político que como milagro financiero.
Son obras que han consumido cantidades colosales de recursos y cuya rentabilidad real sigue siendo, cuando menos, motivo de debate. Pero los barriles sin fondo tienen una característica inevitable: siempre necesitan otro cubetazo de dinero.

A ello hay que añadir unos programas sociales que, sin duda, cumplen funciones importantes para millones de mexicanos, pero que cada vez parecen diseñados menos como instrumentos temporales de movilidad social y más como mecanismos permanentes de una forzada y forzosa lealtad política hacia Morena. La asistencia pública se vuelve así una mezcla peculiar de apoyo económico, propaganda gubernamental e ingeniería electoral.
Todo eso cuesta. Mucho.
Y alguien tiene que pagarlo.

Mientras tanto, los pacientes siguen encontrando hospitales sin medicamentos suficientes; las escuelas continúan enfrentando rezagos educativos e infraestructura deficiente; y la inseguridad permanece como una de las principales preocupaciones nacionales. Pero al parecer esas áreas ofrecen menos oportunidades para las ceremonias de inauguración, los videos promocionales y los discursos triunfalistas de Claudia Sheinbaum.
Por eso resulta inevitable la imagen del patíbulo.
El verdugo fiscal ya está colocando las tablas, revisando las cuerdas y afilando el acero. El SAT avanza hacia una supervisión permanente basada en algoritmos, cruces de datos y vigilancia electrónica. Las auditorías tradicionales ceden paso a una observación constante donde cada factura, cada transferencia y cada deducción podrán ser examinadas casi en tiempo real.
Se presenta como modernización.
Se vende como eficiencia.
Se promociona como justicia tributaria.
Pero para miles de empresarios y emprendedores puede sentirse como la construcción de una enorme torre de vigilancia digital cuyo objetivo principal no es generar crecimiento económico, sino alimentar una maquinaria gubernamental cada vez más costosa.
Al final, el gobierno insiste en que no habrá nuevos impuestos.
Y quizás tenga razón en el sentido estrictamente técnico.
Después de todo, en la Edad Media tampoco era necesario cambiar la sentencia para que la ejecución fuera más rápida. Bastaba con que el verdugo dedicara unas horas adicionales a afilar el hacha.
Es cuánto.

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