LXII Legislatura firma convenio con Colegio de Abogados

Con el objetivo de fortalecer la construcción de la cultura jurídica en Yucatán, la LXII Legislatura firmó un convenio de coordinación y colaboración con el Colegio de Abogados, para el intercambio de ideas y puntos de vista, sobre las iniciativas que consideren los diputados puedan intervenir los profesionistas en Derecho.

El documento fue signado por el presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Enrique Castillo Ruz (PRI), y el presidente del consejo directivo del Colegio, Fernando Sauri Campos, en presencia del director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso estatal, Sergio Martínez Cachón; así como la asistencia de los diputados, Rosa Díaz Lizama (PAN), Luis Borjas Romero (PRI) y Luis Loeza Pacheco (Morena).

En sus palabras de bienvenida, Castillo Ruz invitó a trabajar con verdadero compromiso y responsabilidad social a favor de la justicia, el desarrollo y el bienestar, para que las acciones contempladas en este acuerdo, se promueva una nueva cultura de la legalidad, que consolide la vida democrática.

En su turno, el presidente del Colegio de Abogados detalló que la actualidad exige un abogado mucho más dinámico y con un servicio de inmediatez que representa un gran reto para esta asociación civil, por lo cual, este convenio con el Congreso local es de gran satisfacción, porque es responsable de crear y reformar el marco normativo de Yucatán.

“Con la firma de convenio, seguro podremos intercambiar ideas y puntos de vista sobre las diferentes iniciativas en las que consideren los diputados intervenir”, recalcó Sauri Campos.

El director del Instituto de Investigaciones Legislativas, detalló que con este acuerdo ambas partes podrán planear, programar, organizar y realizar, en la medida de sus posibilidades, acciones conjuntas sobre los temas que la labor legislativa actual requiere para la profesionalización de las funciones del Congreso.

“Para lograr que los análisis, debates y acuerdos que se convierten en productos legislativos, cuenten con los elementos para llegar a ser instrumentos útiles para el beneficio de la colectividad cuyos resultados puedan ser medibles y por lo tanto evaluables”, señaló Martínez Cachón.

Aprueban en comisión incluir Educación Digital y Emocional

En comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, sus integrantes aprobaron por unanimidad modificaciones a la Ley de Educación del Estado, en materia de Educación Digital, promovida por Paulina Viana Gómez (PAN), así como de Educación Emocional, suscrita por la fracción de Movimiento Ciudadano.

Referente a la Educación Digital, propone crear una cultura de aprendizaje digital, por lo que, Paulina Viana, lo definió como un pensamiento crítico y uso responsable de las nuevas tecnologías de la información, con un trabajo coadyuvante entre padres de familia y docentes.

En relación a la Educación Emocional, se establecen mecanismos para el desarrollo, habilidades, así como potenciar la competencia emocional, en un ámbito personal y social.

De la misma manera, los miembros del cuerpo colegiado avalaron por unanimidad el Reconocimiento a la Excelencia Docente, para lo cual se debe integrar una Comisión de Postulación cada mes de marzo, para lanzar la convocatoria y designar a una o un recipiendario antes del 15 de abril, para otorgar dicho galardón en el mes de mayo, en el marco del Día del Maestro.

Presupuesto

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por mayoría las modificaciones a la Ley de Ingresos de Tixkokob, para autorizar a su Ayuntamiento la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios mediante transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en beneficio del municipio; al igual que cambios a la Ley de Hacienda de Progreso, con ellos se busca lograr una mejor captación del predial.

En la sesión del cuerpo colegiado, continuó el análisis de la iniciativa por el que se autoriza al Poder Ejecutivo y a los Municipios del Estado a contratar uno o varios financiamientos que se destinarán a inversiones públicas productivas, así como afectar como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Milagros Romero Bastarrachea (MC), solicitó que la Secretaría General verifique la viabilidad para facultar al Gobierno del Estado para llevar a cabo esta medida, al igual que se considere la capacidad de deuda por parte de los municipios.

Rosa Díaz Lizama (PAN), respondió que la Ley faculta al Ayuntamiento, que lo requiera, a obtener la deuda, por medio de una Sesión de Cabildo y con la autorización del Congreso del Estado, por lo que el Ejecutivo estatal sólo fungiría como aval.

El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), agregó que en la iniciativa solo establece que se necesita un acta de la aprobación de la Sesión del Cabildo y la solicitud de la modificación a la Ley de Ingresos del municipio correspondiente, con el compromiso establecido de saldar la deuda antes de concluir cada administración en 2021.

Delitos Informáticos

En comisión de Justicia y Seguridad Pública, la diputada del PAN, Rosa Díaz Lizama, urgió al presidente del cuerpo colegiado, Luis Borjas Romero (PRI), para agilizar el proyecto de dictamen de la iniciativa para reformar el Código Penal, en materia de delitos informáticos, porque propone sanciones para quienes utilicen las tecnologías de la información de manera mal intencionada, como fue el reciente caso en una facultad de la Universidad Autónoma de Yucatán.

“No hay mejor momento o más óptimo para actualizar nuestro marco jurídico en la materia”, recalcó.

Sobre el mismo tema, Karla Franco Blanco (PRI) presentó propuestas y observaciones, en materia de servidores públicos; al igual que, Borjas Romero, solicitó la elaboración del proyecto de dictamen para su discusión y votación en la próxima sesión, ante la solicitud de la legisladora Díaz Lizama.

Los diputados también continuaron con el estudio dos iniciativas más para modificar el Código Penal estatal, una de Manuel Díaz Suárez para certificar a quien ofrezca y sea cliente de cirugías plásticas, así como sanciones para los centros no certificados para éstas prácticas.

La segunda propuesta, de Kathia Bolio Pinelo (PAN), menciona que se impondrá de tres días a tres años de prisión y de dos a 20 días multa, a quien revele, exhiba, publique o difunda fotografías de personas fallecidas en los diferentes medios de comunicación, con o sin consentimiento de los familiares.

“No se busca coartar la libertad de expresión, sino el respeto a las familias”, reiteró la diputada.

De la misma manera, se continuó el análisis de la iniciativa para reformar el Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares, en materia de alienación parental.