LXII Legislatura aprueba dictámenes en materia de protección a periodistas y ciberacoso

En sesión ordinaria, la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad modificar y adicionar el artículo X del artículo 74 del Código Penal del Estado, en materia de delitos contra periodistas, con el objetivo incluir agravantes para los delitos cometidos en contra de periodistas; al igual que avalaron otro dictamen para tipificar el Ciberacoso en la misma norma.

Además, las siete fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad otorgar el Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo” a la doctora Piedad Peniche Rivero, por su trabajo de investigación de la histórica lucha de las mujeres en Yucatán y en el país, que será entregado en la próxima sesión solemne el 8 de marzo del año en curso, en el marco del Día de la Mujer.

En materia de aumento de sanciones por delitos cometidos en contra de periodistas, Luis Borjas Romero (PRI) dijo que la libertad de expresión es una pieza clave para el desarrollo democrático de una sociedad, ya que permite promover la libertad en la manifestación de las ideas, por lo que los diputados están obligados a rechazar todo tipo de censura, evitar las limitaciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión y las nuevas plataformas tecnológicas.

“Aumentará la pena hasta el doble cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia”, aseveró.

Con respecto al tema de Ciberacoso, Borjas Romero, mencionó que se adiciona al Código Penal los delitos cibernéticos, con el propósito de regular el uso de las técnicas de la información y la comunicación (TIC), así como coadyuvar en la prevención, erradicación y sanción de todo tipo de violencia, con el fin de promover la cultura de la denuncia en la entidad.

Informó, que este delito se castigará con penas de seis meses a tres años de prisión y de 50 a 200 días-multa y cuando la víctima sea un menor de 18 años de edad, la pena y la sanción establecida se aumentarán hasta en una mitad.

A su vez, la promovente de la iniciativa, Paulina Viana Gómez (PAN), señaló que vivimos en la era digital, que ha permitido la facilidad de comunicarnos unos con otros sin importar la distancia, la difusión inmediata de ideas y el acceso oportuno a la información; sin embargo, su uso desmedido no está exento de peligros y riesgos malintencionados.

“Es una realidad que como legisladores, nos corresponde entender y atender, para que con base en normas acordes con los tiempos, pueda haber una regulación que proteja la dignidad, la integridad, la libertad y la seguridad de todas las personas”, expresó.

En temas similares, Milagros Romero Bastarrachea (MC) lamentó la decisión del Ejecutivo estatal de realizar un paro de labores en educación básica con motivo del movimiento “Un Día Sin Mujeres”, el próximo 9 de marzo, porque “con esta acción nos queda claro que el gobierno y quien lo encabeza no acaba de entender de qué se trata este movimiento”.

Añadió, que es un día de resistencia civil de las mujeres en el país, por lo que “no necesitamos que nos den permiso de faltar”.

Así mismo, Romero Bastarrachea entregó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, para homologar las leyes estatales con las federales, para contar con mayores penas para los agresores de las mujeres y mandar el mensaje de que en Yucatán “no se tolerará un atropello más contra el género femenino”, al igual que aumentar las sanciones en materia de abuso sexual.

Por otro lado, Luis Borjas presentó una Iniciativa por el que se modifica diversos ordenamientos a la misma norma, en materia de la creación del Registro de Deudores Alimentarios de Yucatán, que funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Punto de Acuerdo

En su calidad de coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, presentó un proyecto de Acuerdo, admitido por 13 votos a favor, 10 de la fracción parlamentaria tricolor y tres de MORENA, y 11 en contra, de las otras 5 fuerzas políticas que integran la actual legislatura, para que el Congreso del Estado de Yucatán, a través del Presidente de la Mesa Directiva, “dará vista a las autoridades correspondientes por los hechos y omisiones en que hayan incurrido los servidores públicos contemplados en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán que, con motivo del Primer Informe de Gobierno, incumplieron con la obligación constitucional de dar respuesta a las preguntas formuladas por los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Yucatán.

En respuesta, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) alegó que el formato y calendario de la Glosa del Informe de Gobierno fue aprobado por la actual legislatura, y este limitó el tiempo de participación de los funcionarios, señalando que el ejecutivo envió incluso a más funcionarios de los solicitados por el Congreso del Estado.

“Lo que aquí vengo a pedir es que seamos mesurados, que ya no sigamos abordando un tema en el cual la ciudadanía sanciona, el gobierno cumple, el gobierno trabaja y cumple la constitución presentando su informe y nosotros haciendo la glosa; ya lo que corresponde es trabajar, pero después queremos seguir exhibiendo cosas que en su momento se pudieron arreglar”.

Ante ello, Felipe Cervera recalcó que lo que se establece en el proyecto de acuerdo, es que existe una probable comisión de delitos, pero no es el Congreso del Estado quien define esa probabilidad, sin embargo, si se considera que pudo existir un ilícito la obligación, de acuerdo incluso al código nacional, es dar vista a las autoridades correspondientes, ósea, pedirles a las autoridades correspondientes que definan si hay o no algo que perseguir.

“Un acuerdo de glosa no está por encima de la Constitución Política del Estado, el formato de la glosa aprobado en febrero estableció únicamente la agenda y los horarios en los que los funcionarios vendrían a comparecer, no podríamos acordar en febrero lo que en diciembre se preguntó y se preguntó en diciembre porque así lo mandata la constitución; son dos cosas diferentes, una cosa son los tiempos para rendir respuestas de manera verbal y otras las respuestas por escrito que se deben rendir”.

En otros temas, Silvia López Escoffié (MC) hizo un llamado para que el Secretario de Seguridad Pública le dé seguimiento puntual al caso de la persona detenida, que posteriormente falleció en una patrulla, presuntamente a golpes, con el fin de esclarecer el caso, y si se requiere, sancionar a quienes fueron los supuestos agresores del sujeto.

En asuntos generales, López Escoffié presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que después que el titular de la Codhey rinda su informe anual de actividades ante el pleno de los diputados, la comisión permanente en la materia pueda citarlo a comparecer, en un lapso no mayor a 10 días hábiles, para rendir cuentas y contestar las preguntas de los integrantes del citado cuerpo colegiado.

De la misma manera, Díaz Lizama entregó una propuesta para entre otras cosas reformar la Constitución Política del Estado y para adicionar un inciso más a la fracción II del artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de establecer que para la presentación de las listas de candidaturas para diputaciones por el principio de representación proporcional, que sea encabezada por un candidato o candidata del género distinto al que predominó en las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa.

“Es decir, que si un partido político propone a 8 hombres y 7 mujeres para contender por diputaciones de mayoría, su lista de candidaturas por el principio de representación proporcional deberá ser encabezado por una mujer. Esta propuesta la hacemos, porque hemos visto en la mayoría de los procesos electorales, que las listas de candidatos a diputaciones plurinominales que presentan los partidos políticos, en su gran mayoría, son encabezadas por hombres”, reiteró.

También en tribuna, Karla Franco Blanco presentó una iniciativa para modificar los artículos 68, 70 y 71 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, para regular el tiempo de intervención de las diputadas y los diputados en las sesiones plenarias.

“Tiene como objetivo regular el tiempo del que disponemos las diputadas y los diputados para presentar iniciativas de ley o decretos, hacer proposiciones que contengan puntos de acuerdos y presentación de efemérides o diversos posicionamientos, aspectos que al día de hoy no se encuentran regulados en dicho reglamento”, recalcó.

Por último, Luis Loeza Pacheco (Morena) manifestó su reconocimiento al Gobierno Federal por solucionar el tema del Hospital de Ticúl, que beneficiará a todos los habitantes del sur de Yucatán.

En la plenaria del día, se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, el oficio suscrito por el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD), presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y anticorrupción, con el que remite los oficios suscritos por Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado, con el que envía la tercera entrega de Informes Individuales y un Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018.

Al igual, se turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la iniciativa por el que se adicionan diversos artículos a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y su reglamento, por la que se crea la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, suscrita por el presidente del Congreso local, Felipe Cervera.

Además, la iniciativa por el que se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 28 de la Constitución Política del Estado, que regula el desahogo de la Glosa del Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado, suscrita por la fracción del PRI.

Así como la iniciativa por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 y primer párrafo del artículo 86, ambos de la Constitución Política del Estado, para institucionalizar la perspectiva de género en el servicio público, signada por Karla Franco Blanco (PRI).

También, la iniciativa que reforma el artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de impartición de justicia con perspectiva de género, suscrita por Kathia Bolio Pinelo (PAN); la iniciativa por el que se reforman los artículos 214 y 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, para garantizar la paridad en materia electoral, suscrita por Alejandro Cuevas; y la iniciativa por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, suscrita por el Luis Aguilar Castillo (NA).

De la misma forma, se turnaron a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa para modificar al Código Penal del Estado de Yucatán y el Código de la Administración Pública de Yucatán, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, suscrita por el Ejecutivo estatal; y la iniciativa por el que se reforma y adiciona el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de incesto, violencia familiar, delitos sexuales y feminicidio, signada por Fátima Perera Salazar (Morena).

Para finalizar, se turnó a la Comisión de Arte y Cultura, la Iniciativa por el que se declara al Convento Franciscano de San Antonio de Padua de Izamal, Patrimonio Cultural del Estado de Yucatán, signada por Warnel May Escobar (PRI).

Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión solemne el próximo domingo 8 de marzo del año en curso a las 10 de la mañana, para entregar el Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo”.