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José Manuel Ruiz; de aprobar las ilegalidades de Ruz Guzmán a suplente de diputado
Por Omar Xool
El secretario municipal de Umán, José Manuel Ruiz Garrido, se inscribió como compañero de fórmula de Alberto Padrón Romero, actual alcalde de Hunucmá y precandidato a la diputación por el VIII distrito local.
Lo grave del caso es que José Manuel, como regidor y secretario municipal de Umán, lo único que hizo fue aprovecharse de su puesto para avalar, con conocimiento y causa, las ilegalidades de su alcalde, Freddy Ruz Guzmán. Quizá el caso que ahora este más presente en la memoria de los umanenses sea la construcción del polémico nuevo mercado y del que la gente afirma que el dinero que el ayuntamiento está cobrando por la concesión de los puestos será destinado a la campaña política del ahora panista Gaspar Ventura. De eso damos nota aparte.
Sin embargo, aun más grave es la sentencia definitiva emitida por una jueza de distrito el día 11 de diciembre del 2020, originada por el juicio de amparo 1438/2019, promovida por un ciudadano que denuncia el despojo de un predio, marcado con el número de tablaje catastral 11, por parte del ayuntamiento umanense y en el que el cabildo completo, y el mismo José Manuel, participaron de manera activa.
En esa sentencia, según se puede apreciar en las imágenes que compartimos, la jueza declara que la copia del documento firmado por Freddy Ruz y José Manuel Garrido en la que se adjudican ese terreno es falso, toda vez que durante el juicio nunca presentaron el documento original y admitieron, a requerimiento judicial, que este no existe y lo único que exhibieron fue esa copia apócrifa en la que, precisamente, es José Manuel quien certifica y da “valor legal” a ese duplicado.
Pero las malas noticias para el candidato a suplente de diputado José Manuel no acaban ahí, pues ahora ya el quejoso, con la sentencia de la jueza de distrito en la mano, ya inició el proceso penal en contra del actual secretario de la comuna, del alcalde y del cabildo completo, por lo no que sería nada extraño que en plena campaña política los veamos desfilar ante las autoridades judiciales como presuntos implicados por falsificar documentos oficiales y que, de ser encontrados culpables, sean sentenciados e inhabilitados para ocupar un cargo público.