El truco del almendruco

La FGR emitió 25 órdenes por una red de huachicol fiscal que incluye a Ernesto Ruffo Appel; MORENA pide al INE investigar la financiación de Somos MX. Casos como la desaparición de Rubén Rocha Moya y el huachicol vinculado a la Marina evidencian una aplicación selectiva y politizada de la justicia.

Por Consejo editorial

Si algo nos ha enseñado la política mexicana es que la justicia tiene horarios y preferencias: cuando conviene, se enciende la maquinaria con estruendo; cuando no, se toma vacaciones prolongadas. Así, con la solemnidad de quien anuncia el menú del día, Ernestina Godoy Ramos presentó la desarticulación de una red de huachicol fiscal que derivó en 25 órdenes, entre ellas el nombre de Ernesto Ruffo Appel. Punto para la FGR: operación, nombres y titulares. Aplausos en la grada oficial.
Pero la función no termina ahí. Como buen culebrón parlamentario, los congresistas de MORENA pidieron al INE que investigue la financiación de Somos MX, el partido que, según se dice, habría recibido el empujón de Ruffo Appel. Traducción: la política se encoge de hombros y señala al adversario con la misma pasión con la que evita mirar a su propio ombligo.

El contraste que Morena no quiere explicar
Mientras la FGR se lanza con fervor contra un panista retirado —exgobernador y exdiputado—, otros expedientes parecen vivir en una dimensión paralela donde el tiempo y la urgencia se estiran a voluntad. ¿Recuerdan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? Su paradero es un misterio que, según rumores, se resuelve con operativos discretos del gabinete de defensa y hasta con solicitudes de extradición desde la administración del presidente Donald J. Trump por supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Resultado visible? Silencio, versiones y más versiones. ¿La misma celeridad que para Ruffo Appel? No, gracias.
Y si queremos hablar de huachicol fiscal con uniforme, ahí está el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, que huyó por “razones de seguridad” y terminó detenido en Argentina en abril de 2026, donde pidió asilo. Marina, fuga, detención internacional —un expediente que, por su complejidad y por los actores involucrados, no parece provocar la misma algarabía mediática ni la misma prisa investigadora.

No es conspiración, es programación: la justicia se activa por prioridades políticas. Cuando el objetivo es un opositor que incomoda, la FGR aparece con órdenes y nombres; cuando el objetivo es alguien con conexiones más incómodas para el poder, la agenda se vuelve flexible, los plazos se estiran y las explicaciones se vuelven etéreas. Y mientras tanto, el público observa, aplaude o protesta según el guion que le toque.
Si la democracia fuera un teatro, hoy vimos una función donde los focos iluminan selectivamente y el telón baja sobre los asuntos que conviene enterrar. La pregunta real no es si hubo delito —esa la responderán los tribunales— sino por qué la lupa aparece y desaparece según el apellido y la conveniencia política.
Es cuanto.