Caso hidrogel/Realza: la Secretaría de Bienestar ya no sabe cómo tapar el chanchuyo

En inesperado giro de la trama de la asignación directa de tres contratos a la empresa fantasma Comercializadora Realza para la compra de hidrogel que necesitaba “con urgencia” el programa Sembrando Vida en 2019, por un monto de 728 millones de dólares, ahora la Secretaría del Bienestar argumenta que el proveedor patito nunca entregó los bienes y servicios en tiempo y forma, ante los cual esas tres adjudicaciones fueron rescindidas.

Por Cazador Nocturno

En respuesta a una solicitud de transparencia presentada por el periodista Fernando Toledo y Rivadeneyra, director general de Tu Espacio del Sureste, la nueva respuesta de Secretaría del Bienestar deja un mar de dudas, pues no se sabe cómo fueron asignados los contratos de manera directa pese a que el proveedor no reunía los requisitos y estaba bajo la mira del SAT por sus operaciones fraudulentas.

Y ahora menos se sabe cómo atendió la Secretaría del Bienestar la “urgencia” del programa Sembrando Vida, pues Comercializadora Realza nunca contó con bodegas del hidrogel: sus dos domicilios fiscales son viviendas de interés social del fraccionamiento Ciudad Caucel, una en la calle 31 No.379-D donde se vende comida japonesa Sushi, y en la otra de la calle 53 No.605 hay un carrito de perros calientes.

Como informamos en su oportunidad, pese a las reticencias de la delegación de la Secretaría del Bienestar a recibir la solicitud de información, el periodista ejerció un recurso para ejercer su derecho constitucional a la información y pidió, con cargo a su peculio, copias simples de los contratos 411.600.43101.131/2019, 411.600.43101.132/2019 y 411.600.43101.133/2019 del 12 de septiembre de 2019 mediante el cual se asignaron contratos directos a Realza por los siguientes montos: 199 millones 546 mil pesos, 192 millones 67 mil pesos y 307 millones 307 mil pesos, respectivamente, para la compra de hidrogel.

Se solicitó un desglose pormenorizado de materiales, herramientas e insumos que se adquirieron en cada uno de esos contratos, así como de la relación de comunidades y personas beneficiadas con los mismos.

La Licenciada María Eugenia López García, directora de Análisis e Información Institucional de la Secretaría del Bienestar respondió al solicitante que después de una búsqueda exhaustiva localizó en un formato Excel que derivado de la no entrega de bienes en tiempo y forma, los tres contratos con Comercializadora Realza fueron rescindidos. Este argumento pone, cuando menos, en evidencia la poca seriedad que el gobierno federal ejerce al momento de seleccionar a sus proveedores, y a los más analíticos los lleva a suponer que detrás de ese aparente “descuido” hay actos de corrupción.
López García argumenta confirma que sí existieron los contratos y que, por consecuencia, sí se realizaron los pagos… pero que nunca se recibió el producto y que, por lo tanto, ambos contratos se rescindieron. Algo no cuadra, y no cuadra porque los contratos sí son públicos y publicados, pero no así las actas de recisión por incumplimiento. ¿Será porque estas no existen?
En base a estas dudas, Toledo y Rivadeneyra adelantó que presentará nuevos recursos legales para saber si el contrato se asignó a otra empresa, cómo se atendió la “urgencia” que argumentó la Secretaría del Bienestar para contratar directamente a Realza y, por supuesto, saber cómo figuró esa empresa patito en la lista de proveedores de la dependencia.

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