Aprueban en Comisión hasta cinco años de prisión a quien agreda a personal de la salud.

En comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar los artículos 185 Bis y el 358 Bis al Código Penal del Estado, para aplicar sanciones a quien agreda a personal de salud pública o privada.

El artículo 185 Bis establece que se aplicará una sanción de dos a cinco años de prisión o hasta 300 días multa al que realice por sí o incite a otros a realizar actos discriminatorios tales como la negación en la prestación de un servicio público o privado, se restrinja la libertad de tránsito o se dañe la integridad emocional y psicológica en contra del personal de salud por razón del desempeño de sus labores.

Además, las sanciones se aumentarán hasta en una mitad, cuando los actos descritos se realicen durante una emergencia sanitaria.

El artículo 358 Bis determina que cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada, para aquellas lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar hasta quince días, se le impondrán a quien la infiera, de uno a tres años de prisión o de 50 a 200 días-multa y de 50 a 100 días de trabajo comunitario.

Así mismo, si la lesión tarda más de 15 días se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de 50 a 500 días multa; al igual que cuando las conductas señaladas se cometan durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior aumentarán hasta en una mitad más.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), respaldó las iniciativas de su partido y del PRI que se unió en un solo dictamen, porque en este momento urge a la ciudadanía, porque han ocurrido hechos lamentables contra enfermeros y médicos.

El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, indicó que este dictamen es para fijar un mensaje claro porque en una circunstancia extrema no se quisiera tener falta de personal médico debido a las agresiones que se están suscitando.

En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) indicó que en cualquier momento se puede tener otra emergencia sanitaria, que incluso se podrían generar después de un desastre natural, como son los huracanes; por ello, continuó, es importante dar protección a los profesionales de la salud, que por desconocimiento o miedo, son agredidos durante estas circunstancias.

Además, Enrique Castillo Ruz (PRI) reconoció que la Comisión ha hecho un trabajo que ha generado resultados, porque como cuerpo colegiado se ha trabajado con respeto y consenso, no lo impone el presidente de la misma; por otro lado, Milagros Romero Bastarrachea (MC) solicitó que se atendiera su iniciativa para perseguir de oficio la violencia intrafamiliar “que también es urgente como el tema previamente atendido”.

En la Comisión, también se distribuyeron la Iniciativa para modificar el artículo 348 del Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa, suscrita por la diputada Mirthea del Rosario Arjona Martín (PRI); la Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el capítulo tercero del Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de delitos contra el medio ambiente suscrita por el diputado Luis Enrique Borjas Romero (PRI).

Además, la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 16 bis con 30 fracciones del Código Penal del Estado de Yucatán, suscrita por la diputada María Teresa Moisés Escalante (PRI); la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma diversos artículos del Código Penal, en materia de delitos contra el honor, suscrita por Movimiento Ciudadano.

También, la Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código de Administración Pública de Yucatán y el Código Penal del Estado, en Materia de Certeza Jurídica de los cerrajeros, suscrita por MC; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 367 Bis, 367 Ter y 367 Quater del Capítulo II del Título Vigésimo de los Delitos contra la Vida e Integridad Corporal del Código Penal del Estado de Yucatán, suscrita por el Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN).

Al igual que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y VIII del artículo 325 del Código Penal del Estado de Yucatán, suscrita por las diputadas María Moisés Escalante, Mirthea Arjona Martín, Janice Escobedo Salazar (PRI), Karla Franco Blanco (PRI), Lila Frías Castillo (PRI) y el legislador Felipe Cervera Hernández, y la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de Feminicidio, suscrita por Janice Escobedo Salazar.

Reunión con funcionarios

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes acordaron por unanimidad que cada fracción y representación parlamentaria podrá presentar sus dudas sobre la iniciativa del Ejecutivo estatal para contratar uno o más empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas para la reactivación económica del estado en los ejercicios fiscales 2020-2021, a más tardar mañana viernes a las tres de la tarde.

Posteriormente, el lunes 11 de mayo del presente año, se reunirán vía videoconferencia con funcionarios estatales para desahogar las dudas presentadas y el mismo día, se retomará la sesión de la comisión, actualmente en receso, para continuar con el análisis de la iniciativa; todo lo anterior, a propuesta de Janice Escobedo Salazar.

Previamente, Díaz Lizama mencionó que en el Plan de Reactivación Económica están consideradas opiniones y sugerencias de alcaldes, legisladores federales, empresarios y líderes de organizaciones obreras, por lo que existe un compromiso del Ejecutivo estatal con dichos sectores.

El diputado Felipe Cervera señaló que el problema no es el Plan de Reactivación Económica, si no la manera en que fue presentada la iniciativa, pues deja muchas dudas y no se ven propuestas para atender las necesidades de productores agropecuarios, campesinos, personas mayores, entre otros, además de que señaló que para solicitar un crédito se tiene que ser claro en informar donde se va a invertir.

En el mismo sentido, Milagros Romero Bastarrachea (MC) puntualizó que su bancada quiere visualizar hacia dónde y cómo se piensa invertir estos recursos para garantizar el desarrollo humano, al igual que priorizar las obras que se pretenden ejecutar.

De igual forma, Marcos Rodríguez Ruz (PRI), declaró que en la iniciativa se pretende establecer temas que quedarían a criterio del Ejecutivo estatal y el Plan de Reactivación Económica sólo “es un documento de buenas intenciones”.

En otros puntos, se distribuyeron la Iniciativa que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Tizimín, Yucatán; la Iniciativa que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Sinanché, Yucatán; la Iniciativa que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Mama, Yucatán; la Iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Tixpéual, Yucatán; y la Iniciativa que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Sotuta, todas para el Ejercicio Fiscal 2020.

Además de la Solicitud de autorización para contratar un Financiamiento por un monto de hasta 400 millones de pesos, destinado a Inversión Pública Productiva; para afectar las Participaciones, así como a reformar o modificar la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2020.

Puntos

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad reformar el primer párrafo y adicionar un Apartado C, “De la Ciencia y la Tecnología”, del artículo 90 a la Constitución Política del Estado.

Dicho apartado establece que la ciencia, la tecnología y la innovación tendrán como base la solidaridad intelectual y moral de los yucatecos, por lo cual deberán desarrollarse respetando el medio ambiente, los principios de la bioética y la dignidad humana, siempre que no comprometan las necesidades ni los intereses de las generaciones futuras, y su principal objetivo será aumentar el bienestar cultural y material de los habitantes, promoviendo los ideales y objetivos de paz y equidad.

De igual forma, se continuó el análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, en materia de suicidio, suscrita por la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN); para lo cual, Miguel Candila Noh (Morena) presentó una propuesta para desechar dicha propuesta porque podría contravenir disposiciones federales.

También, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de Parlamento Abierto, suscrita por la fracción del PRI y Movimiento Ciudadano; para la cual, Silvia López Escoffié (MC) presentó una propuesta para definir los conceptos del tema, con el objetivo de generar una comunicación directa con la ciudadanía.

Al igual, se continuó con el análisis de la Iniciativa que reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de sesiones en línea, suscrita por MC; de la Iniciativa de reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia; y la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y de su Reglamento, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia; ambas del PRI.

Desarrollo Humano

En la comisión especial para el Desarrollo Humano y la Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, sus integrantes aprobaron por unanimidad declarar el 25 de Octubre como “Día Estatal de las Personas de Talla Baja”.

De la misma manera, avalaron por unanimidad modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, en materia de actualización de lineamientos, criterios e indicadores en la aplicación de políticas públicas a favor de la no discriminación en Yucatán.