Aprueban en comisión cancelar licencias de conducir por causar la muerte

En comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 34 Bis y Ter de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, para que la Secretaría de Seguridad Pública determine cancelar los permisos y licencias de conducir a quien sea responsable de causar la muerte o lesiones permanentes a una persona en un accidente si maneja bajo los influjos del alcohol, drogas, psicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias.

La iniciativa de Miguel Rodríguez Baqueiro específica, en su artículo 34 Ter que, con independencia de lo establecido en el reglamento relativo a las sanciones que pudieren aplicarse a las personas que contravengan las disposiciones de tránsito y vialidad, se dispondrá que:

Si el conductor presenta una tasa de alcohol en la sangre superior a 0.080 miligramos por 100 mililitros o de alcohol en aire espirado superior a 0.40 miligramos/litro o se encuentre bajo el influjo de drogas, psicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias, se suspenderá su licencia o permiso de conducir por un lapso de 18 meses.

Si reincide en una segunda ocasión se suspenderá su licencia o permiso por un período de tres años; en caso de una tercera, será de manera definitiva.

Los diputados del cuerpo colegiado también aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Transporte del Estado, para establecer los derechos de los usuarios, los cuales son que los operadores de las unidades respeten su solicitud de servicio, siempre que se realicen en los paraderos establecidos.

También, recibir el servicio de transporte, previo pago la tarifa autorizada; recibir el boleto con seguro de viajero; el ascenso y descenso en los paraderos autorizados, que el vehículo cubra todo el recorrido por la ruta autorizada; la seguridad de la frecuencia de los autobuses en los horarios autorizados; viajar con un menor de cinco años sin que este pague boleto; abordar el vehículo completamente, antes de que el operador lo ponga en movimiento; entre otros.

Además, define obligaciones como solicitar el servicio en los paraderos autorizados; no ocupar los espacios designados como exclusivos para usuarios con preferencia de género, edad o discapacidad; no proferir insultos o palabras altisonantes cuando se encuentre a bordo del vehículo; no ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o enervantes; no tirar basura dentro de las unidades; no dañar, destruir o pintar los asientos de los vehículos; entre otros.

En otro punto, los diputados de la comisión acordaron realizar una reunión con la Secretaría General del Congreso local para replantear el proyecto de dictamen de la adición del artículo 44 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad, que propone prohibir que niñas y niños menores de cinco años no puedan transitar por medio de una motocicleta.

El proyecto de dictamen distribuido este día planteaba la aplicación gradual de esta medida en Mérida y todo el estado con multas al conductor que incurra en esta práctica, con la excepción en calles dentro de los demás municipios donde solo sería una amonestación; para lo cual, Víctor Sánchez Roca (PAN) explicó que después de un análisis con Secretaría General, manifestó que la aplicación de la ley debe ser general y es imposible exceptuar algunos ciudadanos y otros no.

En respuesta, Milagros Romero Bastarrachea (MC) indicó que en la pasada sesión del cuerpo colegiado se acordó que la medida sólo se aplicaría en la periferia de Mérida y en carreteras estatales, ante la existencia de un transporte público no adecuado.

Agregado a esto, Manuel Díaz Suárez (PAN) añadió que estos acuerdos previos fueron con base a que se registran un mayor número de accidentes en la periferia de la capital yucateca y en carreteras estatales, además de que consideró que no afectaría la generalidad de la ley.

Es por ello que la presidenta de la comisión, Lila Frías Castillo (PRI) propuso realizar una reunión el próximo martes con la Secretaría General del Congreso, para ajustar el proyecto de dictamen.

Por último, los legisladores continuaron con el análisis de la iniciativa de Ley de Seguridad Vial, así como otra para reformar la Ley de Transporte, ambas de Movimiento Ciudadano, de las cuales se entregó un documento con las opiniones y propuestas surgidas de las reuniones que han sostenido con autoridades municipales, académicas y representantes del transporte.

Espectro Autista

En la comisión especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se distribuyó la ficha técnica de la iniciativa para expedir la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las personas con Espectro Autista.

Janice Escobedo Salazar (PRI), propuso integrar a la Secretaría de Salud para garantizar los derechos de dichas personas, así como incluir a la Secretaría de Fomento Económico y la de Desarrollo Social, para que se lleven a cabo convenios para que puedan tener trabajo, con un censo correspondiente para que obtengan igualdad de condiciones laborales y económicas.

La presidenta de la comisión, Kathia Bolio Pinelo (PAN) planteó realizar una reunión con especialistas para fortalecer el análisis del tema; mientras que Luis Aguilar Castillo (NA) propuso incluir a la Secretaría de Educación estatal para conocer cuántas niñas y niños con espectro autista están inscritos en las escuelas.

En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) mencionó que en la iniciativa debe prevalecer la educación, la concienciación y la cultura de respeto, al igual que la inclusión en todos los servicios; por otro lado, propuso que se debe hacer un estudio económico para designar a quienes se les otorgará el apoyo económico que se plantea, porque “no habrá dinero que alcance” para asistir a cualquiera que lo solicite.

En la misma comisión, se distribuyó la iniciativa para declarar el 25 de octubre como Día Estatal de las Personas de Talla Baja, así como el cuadro comparativo y la ficha técnica de la propuesta para reformar y adicionar diversas fracciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por otra parte, en la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción se presentó la segunda entrega de los informes individuales correspondientes a la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018 así como el análisis del informe de avances de observaciones, mismo que presento el titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado, Jonathan García Ramírez.

Ante los integrantes del cuerpo colegiado antes mencionado, García Ramírez explicó que, entre otras cosas, con base en la nueva ley de fiscalización de la Cuenta Pública, se establecieron obligaciones adicionales para la ASEY relacionados con la rendición de cuentas y transparencia.

“En el artículo 75 establece el formato de avance de observaciones, que señala que será semestral, el que estamos analizando es el que tenía como fecha límite el 1 de noviembre con corte al tercer trimestre del año 2019, el siguiente se estaría presentando el 1 de mayo con corte al primer trimestre del 2020”.

Señalo que éste análisis se entregó el 31 de octubre, dentro del plazo que establece la ley, y dijo que se separó por cuenta pública, tipo de acción y tipo de ente fiscalizado.

De este estudio, continúo, se logró determinar el grado de avance del análisis que ha tenido la auditoria respecto de las observaciones determinadas en 2017.

“La auditoría ha logrado un 39.5 por ciento de avance ya que presenta acciones de 70 de los 177 entes públicos que correspondieron a 2017; este 39.5 por ciento de entes se refiere al análisis de resultados del 50.1 por ciento ya que de las 3093 acciones que se generaron en 2017 ya se analizaron cerca de 1500 acciones; para la cuenta del 2018 hay que acotar que se refiere a la primera etapa de informes, se encuentran en análisis el 80 por ciento, 20 de los 25 informes presentados, por lo que aun cuando ya se generaron expedientes de pliegos de observación aún se puede generar otro tipo de acciones como denuncias”.

Agregó que, como parte del informe del avance de observaciones con corte al tercer trimestre, la ASEY incluye un apartado de multas interpuestas que en acumulado de los ejercicios 2017, 2018 y lo que va de 2019 asciende a 4 millones 944 mil trecientos 12.30 pesos un aproximado de 640 mil pesos en 2017, 2 millones 225 mil en 2018 y 2 millones 79 en lo que va del año, “sin embargo aquí no nos precisan el monto cobrado o recaudado por lo que consideramos importante obtener esos datos a través de un acercamiento que pensamos tener con la auditoria”.

Mencionó que la razón más representativa de estas multas es por la falta de atención a las solicitudes de información generadas por la ASEY a los diferentes entes fiscalizados.

Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN), comentó que ha recibido llamadas de ex alcaldes señalándoles que primero, los síndicos de las administraciones actuales demoraron mucho en notificarles que tenían estas observaciones y después ya han entregado muchas de las solventaciones de los pliegos a las autoridades actuales para que hagan la entrega a la auditoria y no han hecho dicha entrega o no se ha reflejado en las observaciones como cumplidas, por lo que solicitó encontrar un mecanismo que permita exhortar a las autoridades actuales para que cumplan con hacer la gestión de la entrega de la documentación.

Por su parte, el diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD) recordó que el avance del informe que se está dando es del 2017 y de los 25 que entregaron en la primera entrega del 2018 y coincidió con su antecesor en la necesidad de mejorar este proceso.