Crece la sombra sobre la millonaria compra de terrenos en Umán por parte del gobierno estatal

La opacidad del gobierno morenista en Yucatán aborda el Tren Maya en Poxilá y viaja en primera clase: la historia de los terrenos de Umán que pagaremos los yucatecos.

Por Cazador Nocturno

En Yucatán estamos siendo testigos de una obra maestra de la contabilidad creativa. No, no se trata de una startup tecnológica ni de un fondo de inversión de Wall Street. Se trata de la compra de terrenos en Poxilá, Umán, realizada por el gobierno estatal, una operación que cada día parece parecerse menos a una transacción inmobiliaria y más a un concurso de magia financiera donde las cifras aparecen, desaparecen y reaparecen convertidas en otras cifras completamente distintas.
Y hay que reconocerlo: si el objetivo era sembrar confianza, transparencia y certeza jurídica, el resultado ha sido exactamente el contrario.

De acuerdo con la investigación y los datos documentados por Diario de Yucatán, la historia comenzó con una escritura de reserva de dominio inscrita en agosto de 2025, donde apareció una cantidad de 2 mil 418 millones 526 mil 154 pesos por un predio identificado como el tablaje 6961-D de Poxilá. La cifra no estaba escondida en letra pequeña ni era producto de una interpretación maliciosa: estaba escrita con todas sus letras en el documento correspondiente.
Sin embargo, cuando comenzaron las preguntas incómodas, cuando la oposición pidió explicaciones, cuando académicos señalaron inconsistencias y cuando organismos empresariales exigieron transparencia, entonces ocurrió el milagro administrativo: de repente, los más de 2 mil 418 millones se transformaron en 245 millones 156 mil pesos mediante una “rectificación” registral.

Y aquí surge la primera pregunta elemental: si se trataba de un simple error, ¿cómo es posible que un supuesto yerro agregara más de 2 mil 173 millones de pesos a una operación? No hablamos de un cero de más en una factura del supermercado. Estamos hablando de una cantidad equivalente a varios presupuestos municipales completos.
Lo extraordinario es que las cifras no terminan allí. Porque además aparece otra cantidad: 18.5 millones de pesos, correspondiente al mismo tablaje. Más adelante, el gobierno informa que las compras realizadas en 2025 y 2026 ascienden en conjunto a 627.2 millones de pesos. Así, los ciudadanos yucatecos tienen el privilegio de elegir su monto favorito: 18 millones, 245 millones, 627 millones o 2 mil 418 millones. ¡Vaya, una auténtica tómbola presupuestal!

Lo más revelador de todo es que el problema ya dejó de ser la cantidad exacta. El problema es que nadie parece capaz de ofrecer una narrativa coherente y verificable que explique de dónde salen todos esos números y cómo se relacionan entre sí.
Mientras tanto, el Congreso aprobó la donación de seis tablajes a la empresa Tren Maya. Es decir, el gobierno estatal morenista compra terrenos y posteriormente dona parte de ellos a una empresa federal. Una operación que inevitablemente lleva a formular una pregunta incómoda: si el beneficiario final es un proyecto federal, ¿por qué los yucatecos deben asumir el costo de la adquisición?
La administración estatal responde que solamente una quinta parte de la superficie fue destinada al Tren Maya y que el resto constituirá una reserva territorial para futuros proyectos de inversión.
¡Magnífico! Pero…
¿Y cuáles proyectos?
Silencio.
¿Quiénes invertirán?
Silencio.
¿Cuándo llegarán?
Silencio.
¿Existe un análisis costo-beneficio?
Silencio.
¿Habrá retorno de inversión?
Silencio.

Al final, la explicación oficial se parece mucho a esos vendedores de tiempos compartidos que prometen rendimientos extraordinarios para dentro de algunos años, pero se ponen notablemente nerviosos cuando alguien les pide ver las cuentas.
Tampoco ayuda que las preguntas enviadas por Diario de Yucatán sobre avalúos, origen de recursos, beneficios económicos, criterios de selección de los predios y mecanismos de fiscalización continúen, en buena medida, sin respuestas puntuales.
Y si algo resulta particularmente inquietante es el precio de adquisición. Diversos cuestionamientos señalan que los terrenos habrían sido adquiridos a alrededor de 260 pesos por metro cuadrado, mientras algunos registros catastrales consignaban valores significativamente menores. Naturalmente, cualquier diferencia podría justificarse si existieran avalúos técnicos sólidos, transparentes y plenamente públicos. El problema es que, hasta ahora, la discusión gira más alrededor de declaraciones políticas que de documentos completos expuestos al escrutinio ciudadano.
A estas alturas, el famoso “Detector de Mentiras” del gobierno parece haberse convertido en un detector bastante selectivo. Detecta con gran rapidez las preguntas de la prensa, pero muestra dificultades notables para detectar las contradicciones que surgen de los propios documentos oficiales.
Y mientras los funcionarios intercambian desmentidos con los periodistas, la pregunta esencial sigue sin resolverse: ¿qué fue exactamente lo que se compró?; ¿cuánto costó realmente; ¿quién lo valuó?; ¿quién se beneficia y por qué los contribuyentes deben pagar la cuenta?
Porque cuando una operación pública genera más dudas que certezas, cuando las cifras cambian a mitad de la discusión y cuando las aclaraciones producen nuevas interrogantes, la sospecha no nace de la prensa, de la oposición o de la academia: nace de la opacidad.
Y la opacidad, como los terrenos de Poxilá, suele encarecerse muchísimo cuando se intenta explicar después.

Crédito de la investigación y los datos duros: Diario de Yucatán, a partir de la revisión de escrituras, registros públicos, decretos oficiales, declaraciones gubernamentales y entrevistas con legisladores, académicos y representantes empresariales.