Ya lo habíamos dicho… y lo repetimos

Que la diputada Clara Rosales agradezca a la prensa su “seriedad y profesionalismo” mientras pide que dejemos de criminalizar a las personas con VIH es, en el mejor de los casos, un número teatral bien ensayado. Agradecer y pedir empatía suena bonito en Facebook; exigir que creamos que la ley solo persigue a los malos por deporte es pedirnos que ignoremos la realidad: hay quienes contagian con conocimiento y mala fe, y hay quienes se quedan sin tratamiento porque alguien decidió que el presupuesto era prescindible.

La hipocresía en escena
Hablar de dignidad y perspectiva de derechos humanos como si fueran etiquetas de moda colocadas sobre un escaparate vacío es un clásico del discurso populista. Resulta casi poético que reclame protección para personas con VIH sin mencionar que su propio partido, Morena, redujo el fondo de salud que garantizaba tratamiento en más del 70% y dejó su uso a discreción. Pedir empatía mientras se recorta el acceso a retrovirales no es compasión: es teatro con banda sonora.

La crisis en números
12.5 casos por cada 100,000 habitantes de Yucatán; más de 12,800 casos acumulados en el primer trimestre de 2026; incremento del 10% en nuevos diagnósticos. No son metáforas: son personas. La tasa de indetectabilidad estatal está por debajo de la media nacional del 87%, lo que significa que muchos pacientes no controlan el virus y la posibilidad de transmisión sigue abierta. Mientras tanto, las farmacias de salud pública exhiben estantes vacíos y recetas sin respuesta.

Tragedia administrativa y consecuencias humanas
No es una falla técnica: es una decisión política. Falta de antirretrovirales de rescate, ausencia de fórmulas lácteas para madres con VIH, y una cadena de abasto que funciona como excusa oficial. Cuando una lata de leche puede decidir si un bebé nace sano o con VIH, hablar de “problemas logísticos” es un eufemismo criminal, no el artículo 189 del código penal yucateco. Las consecuencias son concretas: madres que temen dar de mamar, niños en riesgo de transmisión vertical y adultos en falla virológica sin acceso a la última línea de defensa.

Responsabilidades y exigencias
Colectivos y pacientes señalan a la Dra. Dulce Cruz Lavadores por una gestión de 12 años que califican de desastrosa; ella culpa a la Federación y a CENSIDA. Que se lancen culpas cruzadas no borra la pregunta esencial: ¿por qué no llegaron los insumos a quienes los necesitan? La sociedad yucateca exige transparencia en la cadena de abasto, rendición de cuentas y medidas inmediatas para garantizar antirretrovirales y fórmulas infantiles. Exigir la destitución de responsables es legítimo cuando la salud pública se convierte en un cementerio de excusas.

¡No hay que ser!
Derogar el artículo 189 del Código Penal para eliminar penas por contagio con mala fe no protege derechos humanos; pone en riesgo los derechos de quienes no portan el virus. Que alguien explique con la misma vehemencia con la que se inventan pretextos por qué una lata de leche vale menos que un titular. La complejidad no mata; la negligencia sí. Y en Yucatán, la negligencia ya tiene nombre y apellido en la lista de quejas ciudadanas. No nos vendan discursos emotivos: queremos resultados, antirretrovirales en las manos y responsabilidad en los despachos.