Programas sociales: no es corrupción recuperada, son impuestos, deuda y propaganda

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La realidad es mucho menos romántica y mucho más terrenal. Los programas sociales existen porque los contribuyentes los financian mediante el presupuesto público. Punto. Pensar que medio billón de pesos anual surge exclusivamente de cerrar la llave de la corrupción es como creer que un estadio lleno se ilumina con la batería de una lámpara de mano.
Por Consejo Editorial
Una de las leyendas urbanas más exitosas de la política cuatroteísta es la narrativa persistente de que los programas sociales se financian exclusivamente con el dinero que antes se robaban los políticos. Es una historia perfecta: tiene villanos corruptos, héroes incorruptibles, una cruzada moral y un final feliz donde el dinero recuperado alcanza para todo. Lo único y más importante que le falta es coincidir con las cifras del presupuesto.
La narrativa oficial morenista, sus voceros y sus acólitos ha repetido durante años el dogma milagroso de que la austeridad y el combate a la corrupción liberaron recursos suficientes para financiar los programas sociales. Pero hasta ahora ninguno de esos “creyentes” da cifras, solo repiten el mismo mantra. El problema para su “argumento” aparece cuando se revisan los números… y los números suelen ser profundamente irrespetuosos con la propaganda de Morena y los morenistas.
Vayamos por partes y tomemos como claro ejemplo el programa insignia de la “redentora” 1/4T: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contará en 2026 con 526 mil 508 millones de pesos. No es el presupuesto total de Bienestar. No es el gasto social completo. Es un solo programa. ¡Uno solo!
Para poner la cifra en contexto, todo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 2026 asciende a aproximadamente 60 mil 110 millones de pesos. Es decir, una sola pensión cuesta casi nueve veces más que toda la estructura federal de seguridad pública.
Si se agregan los principales programas de Bienestar, el monto supera los 667 mil millones de pesos. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿realmente existe alguien que, con raciocinio critico o al menos dos dedos de frente, crea que cada año aparece una montaña de casi setecientos mil millones de pesos producto exclusivo del dinero recuperado a los corruptos o proveniente del combate a la corrupción?
La respuesta presupuestaria es sencilla. No. Los programas sociales se financian igual que cualquier otra política pública: mediante impuestos, ingresos petroleros, derechos, aprovechamientos y financiamiento autorizado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto total para 2026 supera los 10.19 billones de pesos y de ahí salen los recursos para las prioridades del gobierno. No existe un capítulo presupuestario llamado “Tesoro Nacional Recuperado o Ahorrado de las Garras de la Corrupción”.
Lo anterior no significa que la corrupción no deba combatirse. Todo lo contrario. El problema es otro. Cuando se insiste en que los apoyos sociales son un obsequio derivado de la honestidad de un gobierno en particular, se introduce una idea políticamente muy peligrosa: que el beneficio no proviene de los contribuyentes, sino de la voluntad de quienes gobiernan.
Y ahí es donde la propaganda empieza a rozar un terreno que debería preocupar a cualquier demócrata, independientemente de su simpatía partidista.
Porque si un ciudadano es convencido de que su pensión, su beca o su apoyo económico no salen de los impuestos que paga la sociedad, sino de la generosidad de AMLO, Morena, la ¼T o un movimiento político específico, el programa deja de percibirse como un derecho financiado con recursos públicos y comienza a verse como un favor personal. La diferencia parece semántica, pero es enorme. Los derechos generan ciudadanos. Los favores generan clientelas.
Desde luego, recibir un programa social no implica automáticamente votar por determinado partido. Sería una afirmación irresponsable e imposible de demostrar de forma general. Pero sí es legítimo advertir un riesgo institucional evidente: cuanto mayor sea el esfuerzo por asociar los programas públicos con la figura de un gobernante, un partido o un movimiento político, mayor será la tentación de utilizarlos como herramientas de influencia electoral.
Y aquí aparece la contradicción más curiosa de todas: mientras el discurso oficial insiste en que los recursos provienen de una cruzada moral contra la corrupción, simultáneamente fortalece la percepción de que existe una relación directa entre el beneficiario y el grupo político gobernante. El mensaje implícito termina siendo: “nosotros te damos esto”. Pero no. El dinero no es suyo. Nunca lo ha sido. El dinero pertenece al erario y proviene de millones de contribuyentes.
Paradójicamente, el mejor antídoto contra cualquier sospecha de clientelismo sería reconocer una verdad elemental: los programas sociales no son regalos partidistas ni recompensas ideológicas. Son políticas públicas financiadas por toda la sociedad mexicana. Sin embargo, esa explicación carece del atractivo épico de la narrativa del héroe de Macuspana que recupera el tesoro robado y lo reparte entre el pueblo agradecido.
Las cifras muestran algo mucho más terrenal. Entre 2023 y 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pasó de aproximadamente 335 mil millones a más de 526 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, el presupuesto educativo para 2026 ronda los 1.13 billones de pesos, de modo que una sola pensión federal representa casi la mitad de todo el gasto nacional en educación. No estamos observando recursos marginales obtenidos por eficiencias administrativas, estamos observando una de las mayores reasignaciones presupuestarias de la historia reciente.
Y precisamente por eso la discusión merece honestidad intelectual.
Los programas sociales pueden defenderse por sus resultados. Pueden justificarse con argumentos como reducción de pobreza, redistribución del ingreso o protección a grupos vulnerables. Lo que resulta cada vez más difícil de sostener es la fantasía de que cientos de miles de millones de pesos emergen exclusivamente del combate a la corrupción. Y resulta aún más preocupante que esa misma fantasía contribuya a reforzar la idea de que los beneficiarios mantienen una relación de gratitud política con quienes administran temporalmente el poder, porque cuando una “democracia” implanta alevosamente la idea de que los programas públicos son financiados por ellos mismos, el riesgo ya no es solamente fiscal. Es político.
La evidencia presupuestaria resulta todavía más incómoda cuando se observa qué ha ocurrido con la deuda pública y la recaudación fiscal. Porque si los programas sociales se financiaran exclusivamente con el dinero recuperado de la corrupción, no habría necesidad de incrementar simultáneamente el endeudamiento ni de depender cada vez más de la recaudación tributaria.
La propia información oficial y los análisis de organismos especializados muestran una realidad menos heroica. Al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el IMCO advirtió que el Paquete Económico 2024 contemplaba un incremento de 41% real en los ingresos provenientes de financiamiento, es decir, deuda, y que éstos representarían 19.2% de todos los ingresos presupuestarios. El CIEP, por su parte, calificó la propuesta de 2024 como un esquema de “endeudamiento sin precedentes” equivalente a 5.4% del PIB.
La tendencia tampoco desaparece en 2026. Diversos análisis del presupuesto señalan que, de un gasto federal de 10.19 billones de pesos, alrededor de 1.47 billones tendrán origen en financiamiento, es decir, deuda contratada por el Estado. Mientras tanto, el costo financiero de la deuda se ha convertido en uno de los principales compromisos presupuestarios del país, absorbiendo más de 1.6 billones de pesos en 2026.
En otras palabras, el relato del tesoro recuperado empieza a parecer una explicación insuficiente cuando el propio gobierno sigue recurriendo simultáneamente al crédito para financiar una parte importante de sus compromisos. La realidad es menos cinematográfica y más contable: los programas sociales crecieron porque el Estado decidió asignarles una porción cada vez mayor del presupuesto. Ese presupuesto se alimenta principalmente de los impuestos que pagan empresas y ciudadanos, de una recaudación cada vez más intensa, agresiva y de mayores niveles de endeudamiento.
Por eso resulta tan dogmática la insistencia en que los apoyos provienen exclusivamente de la honestidad gubernamental. Porque cuando se oculta que detrás de ellos están los contribuyentes y también los compromisos financieros que se transfieren a futuras generaciones, el ciudadano deja de verse como accionista de la República y comienza a verse como beneficiario de una irreal generosidad morenista.
Debemos tener muy claro que los derechos sobreviven a los gobiernos, pero los favores, en cambio, suelen venir acompañados de expectativas. Y la historia latinoamericana está llena de ejemplos donde la frontera entre asistencia social y maquinaria electoral termina siendo peligrosamente difusa.
Al final, la verdadera defensa de los programas sociales no consiste en repetir que salen del combate a la corrupción. Consiste en reconocer que salen del bolsillo de todos los mexicanos y que, precisamente por eso, deben permanecer blindados frente a cualquier intento de apropiación partidista. Cuando el gobierno se presenta como benefactor y el ciudadano como deudor, la democracia deja de parecer una república y empieza a parecer una relación de dependencia y vasallaje. Y esa, quizá, es la corrupción más difícil de medir en una hoja de cálculo.