Multa de vitrina: $27 mil por desacato, en lugar de $1.85 millones por cumplir la ley

Si alguien pensaba que antes la justicia administrativa en Yucatán era un deporte extremo, ahora en la administración morenista de Joaquín “Huacho” Díaz Mena tienen una nueva disciplina: multar simbólicamente y seguir incumpliendo. El secretario de Educación de la actual administración “huachista”, Juan Balam Várguez, recibió una sanción de 26,981.30 pesos por desacato judicial. Casi poético: una multa equivalente a 230 UMA para un caso en el que la deuda real asciende a $1,850,710.31 y la orden de reinstalar a un profesor sigue sin cumplirse.

Contexto
Víctima: Profesor Ángelo Maico Cuevas Alpuche.
Despido: 7 de diciembre de 2018, por Graciela Cortes Camarillo, cuando el profesor ocupaba la plaza de coordinador de Área A en la Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional.
Sentencia: La SEGEY fue condenada a pagar y reinstalar al docente.
Cumplimiento: Ninguno.
Multa: $26,981.30 impuesta al actual secretario por desacato.

Qué maravilla de lógica administrativa: primero se reconoce que hubo despido injustificado, luego se dicta una reparación millonaria y la reinstalación, y finalmente se aplica una multa que, en términos prácticos, parece el ticket para el estacionamiento de la impunidad. Es como si el sistema dijera: “Sí, nos equivocamos; aquí tienes la sentencia; ahora, por favor, ignórenla con estilo”.
La cifra que realmente importa —$1,850,710.31— no es un error de dedo ni una exageración: es la reparación que la autoridad debe. La multa de $26,981.30 es el gesto simbólico que permite a la institución mantener la apariencia de que algo se hizo, mientras el problema real se pudre en la burocracia. ¿Responsabilidad? ¿Reparación? No, gracias. Aquí preferimos la teatralidad del castigo menor y la comodidad del incumplimiento.

La moraleja es clara y amarga: cuando la sanción es menor que la vergüenza que pudiera tener Balam Várguez, la sanción deja de ser disuasoria. Reinstalar a un profesor y pagar lo que se debe no es un favor; es cumplir una orden judicial. Multar al secretario con una cantidad que no altera balances ni conciencias es, en el mejor de los casos, una broma de mal gusto; en el peor, una confesión de que las instituciones prefieren la inercia al cumplimiento.

Que quede claro: no se trata de números aislados, sino de prioridades. Se puede medir el compromiso con la justicia por la diferencia entre lo que se ordena y lo que se hace. En este expediente, la balanza inclina hacia la comodidad administrativa. Y mientras tanto, el profesor espera, la sentencia acumula polvo y la multa sirve de adorno en la vitrina de la impunidad.