Morena dona el Materno Infantil y abandona al 60% de las familias yucatecas

Por Consejo Editorial

Si hubiera un premio a la coherencia por ausencia, Morena se lo habría llevado de calle. Más del 60% de las yucatecas y yucatecos no son derechohabientes del IMSS, y aun así el partido en el poder decidió que lo más sensato era darles la espalda a esas familias. No es una metáfora: es una votación legislativa con consecuencias reales para mujeres yucatecas con embarazos, partos y recién nacidos.
El diputado priista Gaspar Quintal presentó una propuesta tan clara como necesaria: que el Hospital Materno Infantil quedara protegido por ley para seguir brindando atención especializada a la población abierta para cubrir casos de embarazo, parto, puerperio, ginecología, neonatología y pediatría. Traducción: garantizar que quienes no tienen IMSS no pierdan acceso a servicios que, en muchos casos, son la diferencia entre la vida y la muerte. Sencillo, directo, responsable. Y, por supuesto, rechazado.

¿La alternativa aprobada por Morena? Donar el hospital al IMSS Ordinario sin incluir en el decreto una sola línea que asegure que quienes no son derechohabientes seguirán recibiendo esa atención especializada. Es como regalar la llave de la casa y olvidar decirle al nuevo dueño que los inquilinos siguen viviendo ahí. Ingenioso, si el objetivo fuera complicar la vida de las familias y las mujeres yucatecas.
No se trata de tecnicismos ni de debates académicos: se trata de certezas. Certeza de que una mujer embarazada encontrará atención; certeza de que una recién nacida tendrá acceso a neonatología; certeza de que la pediatría no se convierta en un lujo. El PRI, con la experiencia que se traduce en resultados positivos, puso sobre la mesa una solución jurídica para dar esa certeza. Morena, en cambio, prefirió la improvisación legislativa envuelta en buenas intenciones mal escritas.

La política tiene momentos para la grandeza y momentos para la comodidad. Votar en contra de una protección legal que beneficia a la mayoría no es grandeza; es comodidad electoral, cálculo corto y, sobre todo, una falta de responsabilidad con quienes más lo necesitan. Si la prioridad fuera la salud pública, el decreto habría incluido salvaguardas explícitas. Pero como la prioridad morenista es mezquina, el resultado es exactamente el que hoy vemos.
Desde la ciudadanía responsable digamos lo que hay que decir: no permitir que la salud de Yucatán sea moneda de cambio ni experimento de laboratorio político. Respaldados por la Ley defendamos con seriedad, rigor y firmeza el bienestar y los servicios de calidad que Yucatán merece.

Que quede claro: proteger un hospital no es un acto de filantropía partidista; es una obligación con la gente. Y cuando la ley falla en proteger a quienes más la necesitan, la política se convierte en teatro. Aquí no hay aplausos para la función del circo político. Hay familias reales esperando atención.
Es cuanto.