Montero y el Va y Ven de la corrupción

El día de ayer, el Centro Social y Deportivo del STSPAIDY se convirtió en un mitin disfrazado de acto sindical. Sergio Montero, al frente de la Planilla Guinda, reunió a trabajadores del nuevo Hospital O’Horan como público cautivo, proyectando fuerza gremial mientras en realidad se trataba de un espectáculo político con claros tintes partidistas.

El detalle incómodo: el Va y Ven
En sus propios muros de Facebook, Montero y su planilla confesaron públicamente haber utilizado unidades del sistema metropolitano Va y Ven, administrado por la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) para acarreo de simpatizantes. Esa admisión no es un chiste ni un rumor: es un reconocimiento directo del uso indebido de recursos públicos.
Jurídicamente, esto constituye un probable delito de desvío de recursos públicos, pues se emplearon bienes destinados al transporte ciudadano para fines de campaña sindical con tintes políticos.

Sobre el término “presunto delito”
La expresión “presunto delito” no significa que falten pruebas: se utiliza en el lenguaje jurídico porque aún no existe una sentencia judicial firme, pero los indicios —confesión pública, fotografías, testimonios y registros de uso de transporte oficial— son documentación suficiente de un acto de corrupción. En otras palabras: “presunto” es un tecnicismo procesal, no un salvavidas para la impunidad.
El Artículo 263 del código penal del Estado de Yucatán establece que: Comete peculado:
I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;
II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;
III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y
IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales, los distraiga de su objeto para usos propios o de terceros o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
Un médico del ISSSTE es legalmente considerado un servidor público, ya que trabaja en una entidad paraestatal del Gobierno de México y está sujeto a las leyes de responsabilidad administrativa y penal aplicables a los funcionarios públicos:
Según el Artículo 1 de la Ley del ISSSTE, el Instituto forma parte de la Administración Pública Federal, y sus trabajadores —incluidos los médicos— son considerados trabajadores al servicio del Estado. Por tanto, todo personal médico, administrativo o técnico del ISSSTE tiene carácter de servidor público, con las obligaciones y responsabilidades que ello implica.
El Estatuto Orgánico del ISSSTE (DOF 06-01-2023) establece que el Instituto se rige por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Austeridad Republicana, confirmando su naturaleza gubernamental y el Artículo 3 del mismo reglamento (DOF 04-06-2015) lo dice sin ambigüedad: “Este Reglamento es de observancia obligatoria para los servidores públicos del Centro Médico del Instituto.”
Un médico del ISSSTE, como Montero, no es un empleado cualquiera: es un servidor público con bata blanca y obligaciones legales. Si participa en actos partidistas, usa recursos públicos —como unidades del Va y Ven— o se involucra en campañas políticas, no solo viola la ética médica, sino también el Código Penal. La bata no lo exime del artículo: lo compromete.

Lo más grave: Si durante una campaña electoral —como la de Montero— alguna autoridad sindical o el comité organizador de las elecciones tiene conocimiento de hechos como el uso indebido de recursos públicos (ejemplo: uso del transporte oficial “Va y Ven”) y no actúa, puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa: la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) es clara: los integrantes de comités sindicales y organizadores de elecciones internas, al estar vinculados a instituciones públicas como el ISSSTE, son considerados servidores públicos si ejercen funciones de representación, administración o manejo de recursos y en sus artículo 49 y 52 LGRA: la omisión de denunciar actos de corrupción o el encubrimiento constituye una falta grave.
Además, el Código Penal Federal, en su artículo 222 declara que: el encubrimiento se configura cuando alguien, con conocimiento de un delito, no lo denuncia ante la autoridad competente.
Y sus artículos 214 y 215 abundan al caso expresando que: el abuso de autoridad y el ejercicio indebido del servicio público aplican si un comité o autoridad sindical tolera o facilita el uso de recursos públicos en campañas.
Si el comité sindical que presencia el acarreo con autobuses oficiales guarda silencio, no es neutral: es cómplice. En derecho, la omisión también delinque. Así que, si Montero confesó en Facebook y el comité lo vio o está enterado por otros medios, no solo Montero abrió expediente, también arrastró a los organizadores al banquillo de los acusados.

El evento en el STSPAIDY fue la coronación de una farsa y la confesión publica de presuntos hechos delictivos: un sindicato convertido en escenario político, trabajadores del O’Horan usados como comparsa y un candidato que confiesa en redes sociales lo que en cualquier otro contexto sería prueba de corrupción. Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad sindical del ISSSTE ha presentado cargos, lo que refuerza el argumento que permite afirmar que Sergio Montero goza de impunidad gubernamental y sindical.
La Planilla Guinda no cerró campaña, abrió expediente: el del probable desvío de recursos públicos en el que presuntamente hay muchos embarrados.
Es cuánto.