Moisés Bates ¿solo pasaba casualmente por el panteón o también estuvo presente en el velorio?

Por Consejo Editorial

Mientras el escándalo que envuelve a Guadalupe Taddei sigue destapando una compleja red de contratos, proveedores consentidos e investigaciones federales, en Yucatán hay quienes prefieren refugiarse en el cómodo argumento de que “aquí no pasó nada”. Técnicamente, tal vez tengan razón. Políticamente, bueno… es otra historia.
Resulta que tres empresas que hoy aparecen bajo el escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación y, en algunos casos, de la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron también proveedoras habituales del IEPAC yucateco. Entre elecciones de 2018, 2021 y 2024 recibieron contratos por cerca de 58 millones de pesos para surtir urnas, mamparas y demás accesorios indispensables para la liturgia democrática.

Por supuesto, nadie está acusado formalmente en Yucatán. Aún. Ésa es precisamente la defensa favorita de las burocracias cuando los reflectores comienzan a acercarse. No hay irregularidades acreditadas, dicen. Y es cierto. Pero tampoco deja de llamar la atención que, una vez más, los mismos nombres aparezcan recurrentemente en expedientes, auditorías, observaciones y cuestionamientos por todo el país.
Lo fascinante de este tipo de historias es la extraordinaria “mala suerte” de nuestros organismos públicos. Siempre terminan contratando a las empresas equivocadas. Empresas que después resultan investigadas. Empresas que aparecen vinculadas a presuntas simulaciones de competencia. Empresas cuyos contratos son observados por autoridades fiscalizadoras. Qué desgracia estadística tan monumental.

Particularmente ilustrativo es el episodio de 2018. Dos empresas participaron en la licitación del material electoral. Ambas presentaron ofertas superiores al presupuesto disponible: la licitación fue declarada desierta y, después, una de ellas terminó obteniendo el contrato mediante adjudicación directa. ¿Legal? Pues… sí. ¿Elegante? No necesariamente.
La explicación oficial sostiene que todo se hizo conforme a la norma. Seguramente. Pero el problema no es jurídico sino institucional. Es sencillo: cuando los mismos proveedores aparecen una y otra vez en distintos estados, cuando las investigaciones federales apuntan a posibles mecanismos de simulación y cuando el nombre del sistema electoral se encuentra bajo fuego nacional, la mera legalidad deja de ser suficiente para generar confianza.
Porque la pregunta no es únicamente si las compras cumplieron el reglamento. La pregunta es por qué un mercado multimillonario de materiales electorales parece concentrarse persistentemente en un círculo tan reducido de participantes. Y, sobre todo, por qué los organismos electorales del país descubren estas posibles anomalías sólo después de que periodistas, auditores o investigadores las colocan en la conversación pública.

El caso Taddei no acusa al IEPAC, pero sí lo alcanza. Y lo alcanza porque exhibe un ecosistema donde los mismos proveedores circulan entre estados e instituciones como invitados permanentes de una fiesta financiada con recursos públicos. Lo alcanza porque obliga a revisar contratos que antes nadie cuestionaba. Y lo alcanza porque la confianza ciudadana, esa materia prima cada vez más escasa, no distingue entre el INE, los OPLE o los tecnicismos administrativos.
Al final, el problema no es que el IEPAC haya sido declarado culpable de algo, que le quede claro a Moisés Bates Aguilar, el problema es que, en medio del mayor escándalo electoral de los últimos años, descubra que comparte proveedores con los protagonistas de la trama. Y en política, a veces las salpicaduras no provienen del lodo propio: provienen del charco donde todos metieron los pies.

Y aquí es donde el consejero presidente Moisés Bates Aguilar deja de ser un simple espectador de la tormenta. Nadie lo acusa de haber creado este problema, pero sí le corresponde explicar con absoluta transparencia de dónde salió el muerto que hoy carga el IEPAC. Si los contratos cuestionados provienen de administraciones anteriores, debe decir quién los autorizó, bajo qué criterios se contrataron esos proveedores y por qué terminaron apareciendo en el radar de auditorías e investigaciones federales. Porque en política hay una regla elemental: quien hereda un cadáver administrativo tiene dos opciones, enterrarlo o identificarlo. Y mientras no aclare de dónde procede ese muerto, cada nueva revelación del caso Taddei hará que más de uno se pregunte si el IEPAC sólo pasaba por el panteón… o si también estuvo presente en el velorio.

Es cuánto.