La 4T descubrió la fórmula mágica: si no mides el fracaso, ¡este desaparece!

La eliminación del examen de ingreso al bachillerato no es un acto de justicia social, sino un truco barato para maquillar la incompetencia del sistema. Porque claro, si los jóvenes no aprenden lo suficiente en la secundaria, lo más lógico es quitar la prueba que lo evidenciaba. Problema resuelto: la ignorancia ya no se mide, simplemente se reparte como si fuera beca universal.

Mario Delgado, secretario morenista de educación, ha decidido que la mejor manera de resolver la crisis educativa del país es… ¡esconderla bajo la alfombra! Quitar el examen de ingreso al bachillerato no es una reforma valiente ni una medida de inclusión; es el equivalente educativo de apagar las luces para que nadie vea el desastre.

La eliminación del examen se presenta como un gesto de igualdad: todos al plantel más cercano, todos felices. En la práctica, es la excusa perfecta para no rendir cuentas por la evidente falta de aprendizaje en las aulas. Así lo señaló el especialista Marco Fernández, quien advirtió que la medida sirve para ocultar limitaciones educativas y la baja calidad que persiste en muchos planteles.

El modelo “Mi Derecho, Mi Lugar” suena bonito en el papel, pero en la práctica es un boleto directo a la mediocridad. Asignar a los jóvenes al plantel más cercano a su casa ignora que no todas las escuelas ofrecen la misma calidad ni las mismas opciones. Es como repartir aspirinas para curar fracturas: igualitario, sí, pero inútil. El examen, con todos sus defectos, al menos funcionaba como un mecanismo de aspiración competitiva. Ahora, la competencia se sustituye por la lotería del código postal.

¿Qué oculta la medida?
Maquillar resultados: Si nadie evalúa, nadie tiene que explicar por qué los estudiantes no alcanzan aprendizajes básicos. Es una solución administrativa al estilo “si no lo mides, no existe”.
Uniformar la mediocridad: El modelo “Mi Derecho, Mi Lugar” asume que la cercanía geográfica sustituye a la calidad educativa. Ignora que las carreras técnicas, la oferta académica y la preparación docente no son iguales en todos los códigos postales. El resultado: igualdad en el acceso, desigualdad en la oportunidad.
Eliminar la aspiración: El examen, con todos sus defectos, funcionaba como un mecanismo de aspiración competitiva; permitía a quienes se esforzaban acceder a mejores opciones. Quitar ese filtro no nivela hacia arriba, nivela hacia abajo.
El especialista Marco Fernández lo dijo sin rodeos: esta medida es la coartada perfecta para que el Gobierno deje de rendir cuentas sobre la falta de aprendizaje. Y tiene razón. El discurso de la “Nueva Escuela Mexicana” se ha convertido en un escudo ideológico contra cualquier intento de evaluar resultados. Evaluar es “neoliberal”, dicen. Traducido: medir el desastre es políticamente incómodo.

Consecuencias prácticas
La lógica detrás de la medida es tan simple como peligrosa: si no hay prueba, no hay evidencia; si no hay evidencia, no hay responsabilidad. Mientras tanto, los problemas reales —formación docente deficiente, desigualdad entre planteles, falta de recursos— siguen ahí, cómodamente sin evaluar. El Estado no ha garantizado condiciones de igualdad para todos los estudiantes; la respuesta oficial es cambiar la métrica, no mejorar la educación.
La propuesta de Delgado no democratiza la educación: la degrada. No abre puertas, las desvanece. Y lo más grave: convierte la desigualdad en política oficial. Porque cuando la calidad depende del barrio en el que naciste, lo único que se elimina no es el examen, sino la esperanza de que la educación sea realmente un motor de movilidad social.
Eliminar el examen no es un acto de justicia social; es un truco político. No abre puertas, las disimula. No corrige desigualdades, las naturaliza. Y lo más triste: convierte la evasión de responsabilidades en política pública. Si la intención fuera realmente elevar la calidad, la prioridad sería capacitar maestros, invertir en escuelas y medir resultados para mejorar. Pero eso exige trabajo, transparencia y rendición de cuentas.
Quitar el examen exige solo una cosa: valentía para admitir que el sistema no funciona. Y a juzgar por la propuesta, esa valentía no está en la agenda.