El caso de Víctor Rodríguez Padilla: ¿llegarán todas?

Esto duele y enfurece: la violencia doméstica no es noticia menor ni espectáculo viral; es un crimen que deja huellas en cuerpos y en almas, sobre todo cuando hay un niño presente. La prioridad debe ser la protección de la víctima y del menor, no el espectáculo mediático ni la gestión de daños de quien hasta hace poco ocupaba cargos públicos.

Qué conveniente resulta, en este país de cargos y cargos, que la doble moral pública del morenismo se active justo cuando aparece un video. No antes, no durante años de denuncias según la propia víctima, sino en el momento exacto en que la evidencia se vuelve imposible de ignorar y la cámara decide ser testigo. Bravo por la cámara; lástima que la institucionalidad haya necesitado el empujón de la viralidad para moverse.
El clip muestra lo que no debería necesitar prueba: Víctor Rodríguez Padilla agrediendo a su esposa frente a su hijo de cinco años. Un niño que, en lugar de jugar, fue forzado a presenciar la violencia de quien debería ser ejemplo de responsabilidad, no de impunidad. Si alguien aún cree que los cargos públicos confieren inmunidad moral, el video es un recordatorio brutal de que la dignidad no se compra con un título.
La señora Jiménez hizo lo que muchas víctimas no pueden: denunciar públicamente y pedir auxilio. Pidió la intervención de la presidenta; la presidenta respondió con el compromiso institucional que todos esperamos cuando la ley funciona. La Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación y el exfuncionario anunció su separación del INEEL. ¿Suficiente? No. Es el primer paso, no la absolución por cortesía administrativa.

Resulta cínico, irónico y tristemente predecible, que la renuncia de Rodríguez Padilla se presente como un acto de civismo para “enfrentar el proceso como ciudadano”. Como si la ciudadanía fuera un traje que uno se pone y se quita según convenga. La verdadera ciudadanía exige responsabilidad, no gestos teatrales. La justicia no se satisface con comunicados; exige investigación, pruebas y sanciones proporcionales.
No se trata de linchamiento mediático ni de crucifixiones públicas; se trata de que la ley actúe y de que las instituciones protejan a quienes lo necesitan. Se trata de que la sociedad deje de normalizar la violencia detrás de puertas cerradas y de que los cargos públicos no sean escudos para la impunidad. Si la protección prometida por el Estado se queda en palabras bonitas, habremos aprendido exactamente nada.

Que este episodio sirva para algo más que titulares: para reforzar protocolos, para garantizar protección real a la víctima y al menor, y para que quienes ocupan espacios de poder entiendan que su conducta privada tiene consecuencias públicas. Y si alguien aún busca excusas, que se mire al espejo: la complicidad silenciosa también es violencia.