Dilema para la 4T: Endeudarse más o recortar el gasto público en 2023

En 2023 el gobierno de la 4T tendrá cada vez menos margen para las finanzas por un precario crecimiento económico y la captación de menos ingresos por la desaceleración de las exportaciones. Así lo expone a Proceso el analista Mario di Costanzo, quien pone el acento en la ambigüedad.

En 2023 el gobierno de la 4T tendrá cada vez menos margen para las finanzas por un precario crecimiento económico y la captación de menos ingresos por la desaceleración de las exportaciones. Así lo expone a Proceso el analista Mario di Costanzo, quien pone el acento en la ambigüedad con la que se utilizarán los “activos financieros”, tarea que compete a la Secretaría de Hacienda. De manera similar se han pronunciado la organización México Evalúa y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y advierten: eso obligará al gobierno a recurrir a mayor deuda o a recortar su gasto.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El margen de maniobra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre las finanzas públicas del país quedará acotado para 2023, cuando se prevén menores fuentes de recursos, lo que obligará a la 4T a recurrir a mayor deuda, en un contexto de elevadas tasas de interés, o a realizar recortes al gasto.

En entrevista con Proceso, el economista Mario di Costanzo advierte: “Me parece que el presupuesto aprobado para 2023 es irreal, que poco va a contribuir a la economía, al crecimiento económico y a la creación de empleo. Por el contrario, si empieza a mostrar signos de agotamiento del gasto con características como la falta de ingresos, por el bajo crecimiento económico y la falta de gasto en inversión en programas de inversión, (es factible) que echen mano a la economía mexicana”.

Colaborador del entonces Proyecto Alternativo de Nación del tabasqueño, Di Costanzo visualiza cuatro riesgos paras las finanzas públicas en el siguiente año: el endeudamiento, menores ingresos públicos, el gasto “ineludible” como el destinado a pensiones o a los programas sociales, además de la falta de proyectos de inversión, más allá del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

A finales de octubre, en el contexto de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF 2023), el Congreso de la Unión autorizó para 2023 un endeudamiento o Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) neto para el sector público de 1.29 billones de pesos, 294 mil millones de pesos por arriba de lo que se aprobó para este 2022.

No sólo eso, los 1.29 billones de pesos equivalen a 4.1% del PIB, la mayor proporción desde lo observado en 2014.

“Si no mal recuerdo, por ahí de 2018-2019 la deuda fue de 500 mil millones y ahorita estamos en 1.2 billones. Esto, además, contraviene lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces el primer tema que prende los focos rojos es el déficit público. Es uno de los déficit más altos de los últimos 20 años, y esto lo que deja ver es que precisamente los ingresos siguen quedándose muy cortos respecto al gasto”, explica Di Costanzo.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) pone en la mesa otro dato:

El saldo de los RFSP alcanzará 15.5 billones al final de 2023, cifra que será 47% mayor que la de 2018, cuando comenzó el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación. “No sólo es falso que no ha habido endeudamiento, sino que se puede sostener que éste es muy significativo”, aseguró el CEESP.

Y es que 2023 pinta un panorama con menores ingresos y, por lo tanto, cada vez menos margen para las finanzas.

“Subsiste el riesgo de insuficiencia de los ingresos fiscales en algún momento en el futuro próximo. En ese caso el gobierno tendría que incurrir en mayor deuda pública –que es ya muy elevada– o reducir gasto público, lo que muy probablemente no ocurriría en los programas insignia de la administración”, según el reporte semanal del CEESP publicado el 14 de noviembre pasado.

Merma de recursos

El gobierno de la Cuarta Transformación tiene poco margen en cuanto a recursos, luego del agotamiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

En términos generales, los recursos del FEIP tienen la finalidad de compensar una disminución en los ingresos del gobierno federal por debajo de los estimados en la LIF del ejercicio fiscal presente, esto con el objetivo de cumplir con el Presupuesto de Egresos sin necesidad de hacer recortes en el gasto.

A finales de 2018 el FEIP llegó a sumar 316 mil millones de pesos, mientras que al cierre del segundo trimestre de 2022 el saldo es de sólo 25 mil millones.

El otro colchón, el FEIEF, cuenta con recursos del orden de los 21 mil 377 millones de pesos, cuando en 2018 alcanzó más de 76 mil millones. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene como finalidad compensar la disminución en las participaciones vinculadas con la Recaudación Federal Participable, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la LIF.

El gobierno de López Obrador propuso una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en materia de capitalización al FEIP. Según la Secretaría de Hacienda, el objetivo de esa reforma es fortalecer al FEIP al permitir que, además de los depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir, como aportación, ahorros derivados del servicio de la deuda o de activos financieros que emite el gobierno o que forman parte de sus activos.

El FEIP, además, podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera.

La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O aclaró que de ninguna manera significa que el gobierno sustraiga activos de otras tesorerías o reservas del sector público, ya que únicamente se regulan los activos de la Tesorería de la Federación, que maneja el mismo gobierno.

Asimismo, señaló que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley.

Para Di Costanzo, la reforma se queda en el terreno de la ambigüedad en el uso de los “activos financieros”, es decir, el manejo de los activos para constituir del FEIP será de acuerdo con la interpretación de la SHCP.

“La manera como se venía construyendo antes era que, efectivamente, tú le destinabas el excedente de ingresos. Pero al cambiar la definición y añadir cualquier activo financiero, los activos financieros pueden ser las reservas internacionales, los derechos especiales de giro que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, incluso pueden ser subejercicios. Entonces ya hay incentivos para generar subejercicios, que es una forma de recorte para alimentar el FEIP y que el gobierno tenga dinero”, acota a este semanario el exlegislador.

En el mismo sentido, el think tank México Evalúa coincide que todo indica que quedará a discreción de la SHCP cuánto destinará al fondo o si destinará alguna aportación siquiera.

No hay garantías de que se materialice la capitalización que requiere el fondo. Además, en un escenario en el que las tasas de interés están subiendo, es poco probable generar ahorros en el costo financiero de la deuda que puedan convertirse en ingresos del FEIP, advirtió en un reporte sobre el FEIP.

Las ambigüedades

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que la falta de precisión y claridad en las reformas a la LFPRH, aprobada por la Cámara de Diputados, podría generar ambigüedad para la gestión futura de esas reservas, o incluso permitir que se utilicen para fines distintos a los que les dieron origen.

Por donde se le vea, las fuentes de financiamiento del país se van agotando para 2023, año en que Hacienda prevé un crecimiento económico de 3%, lo que implica una estimación de ingresos de 7.1 billones de pesos.

La mala noticia es que la previsión de crecimiento oficial parece “optimista” en comparación, por ejemplo, con la del Banco de México, que en su reciente Informe trimestral de inflación pronostica un PIB de 1.8% para 2023.

Más aún, las 30 casas de análisis económico, tanto nacionales como extranjeras, que participan en la Encuesta Citibanamex, adelantaron que México apenas crecerá 0.9%; mientras que, en un plano más “pesimista”, Bank of America advirtió el pasado 30 de noviembre que la economía nacional tendrá una recesión de 0.5% derivada de una desaceleración en las exportaciones, así como del consumo interno.

“No se ve cómo las finanzas públicas vayan a ser viables para el próximo año con el bajo crecimiento que hemos tenido, por un lado; y, por el otro, con los nuevos compromisos de gasto que se están generando, como el caso de las pensiones, que es una cosa muy importante”, explica Di Costanzo.

De hecho, los legisladores tuvieron que reasignar recursos en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual se recortaron 6 mil 438 millones de pesos a los ramos autónomos, para dirigirlos casi en su totalidad al gasto de la Secretaría del Bienestar, que aloja los principales programas de transferencias directas de recursos a la población.

“Con lo anterior, se privilegian nuevamente los programas prioritarios para la administración. Especialmente los que son activos políticos importantes con vistas a la contienda electoral de 2024”, advirtió el CEESP el pasado 14 de noviembre en su reporte semanal.

Di Costanzo ve un panorama gris en el que, aunado al bajo crecimiento y al gasto orientado a los programas sociales, se deja a un lado la inversión como motor de la economía mexicana.

“No solamente es el tema de la relocalización de las empresas, es el tema de dónde la economía debe echar mano. Desde luego, si queremos fortalecer nuestro mercado interno debería ser de la inversión pública, de toda la labor de la banca de desarrollo, y deberían estar haciendo el trabajo en este momento”, remata.

Información de Proceso