Ola de violencia de Yucatán ahora afecta a dirigente a “UADY sin acoso”.

La ola de violencia fomentada en Yucatán por el gobernador Mauricio Vila Dosal ahora afecta a fundadora del movimiento “UADY sin acoso”, Rosa Elena Cruz Pech, quien fue amenazada de muerte, y a pesar de la grave problemática, la Fiscalía General del Estado (FGE) se deslinda de los hechos.

Por ende, las representantes de diversas asociaciones civiles se pronunciaron en contra del o los agresores, ya que se trata “de una cobarde acción” cometida por un delincuente potencial, el cual puede ser un estudiante o académico de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Tras mostrarse preocupadas de lo que le pueda ocurrir, solicitaron al Gobierno del Estado establecer las medidas para dar con él o los responsables de las amenazas, así como también de poner una escolta a la afectada, las cuales garanticen la vida de la estudiante de la UADY.

La afectada fundó un movimiento cuyo principal objetivo fue dar a conocer los casos de acoso y hostigamiento sexual que se vive en las aulas, pasillos y otros espacios de la Máxima Casa de Estudios.

En conferencia de prensa, la especialista María Teresa Munguía Gil, aseveró que “como resultado de la actividad de los tendederos realizados en las dependencias de la UADY, el pasado martes 10, Rosa Elena recibió amenazas de muerte, amenaza recibida con fecha del viernes 13”.
En los tendederos se exhibió a maestros y alumnos por incurrir en violencia de género, motivo por el cual la estudiante recibió amenazas de muerte vía mensajería de Facebook.

Ante los comunicadores presentó los mensajes a través de su teléfono celular, las amenazas se emitieron desde un perfil llamado “Marín Josefa”, e informó que el automóvil familiar fue dañado en la puerta de la casa, esto posteriormente a la advertencia recibida.

Munguía Gil señaló que los tendederos expuestos sobre el acoso que viven las estudiantes de la UADY, es un acto de libertad de expresión y por ningún motivo debe primar la violencia contra las denunciantes, sino la resolución de los casos, que de acuerdo a la Ley General de Víctimas (reglamentaria del artículo 20 de la Constitución) se reconoce el Derecho Humano y Derecho Fundamental Autónomo.

Asimismo, las víctimas de violencia y acoso tienen Derecho a la Dignidad Humana, que implica que las autoridades están obligadas en todo momento a respetar la autonomía de las víctimas así como a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación y sin revictimizarlas.

Estableció que “el discurso de odio plasmado en la amenaza recibida no sólo fue a Rosa Elena, sino también a las compañeras de las distintas facultades y dependencias que constituyen “UADY sin acoso”.

“No puede ser permitido en nuestra sociedad y mucho menos en una institución de educación superior como es la UADY, considerando que quien o quienes sean responsables de dichas amenazas son un peligro para quienes estudian y/o laboran en la Universidad”, subrayó.

Denunció que “un acosado es un sí mismo un potencial violador y una autoridad debe responder en congruencia con la Ley de víctimas”.

Cruz Pech y siete compañeras más son las que dirigen diversas actividades de acompañamiento a las mujeres que fueron víctimas de acoso en la UADY y recientemente, después participaron en la marcha del 8 de marzo y del paro nacional “El 9 ninguna se mueve” o “Un día sin nosotras”, donde varias de ellas exhibieron nombres y frases que maestros y alumnos han realizado.

Entre las frases exhibidas destaca que “Si no quieren que les digan nada, no se vistan así”, “los homosexuales vienen medio día el 9 de marzo” o “a los hombres nos matan, a las mujeres sólo las violan. Con un psicólogo se les quita”.

La afectada presentó los mensajes evitas a su cuenta, y uno de los señalamientos destaca: “Pinche perra, ya sabemos que eres tú la que andas liderando la guerra en contra de los hombres en la universidad, ya te vimos en todas las facultades platicando con tus perritas y haciendo la mamada de las denuncias falsas a los hombres. Ten cuidado pendeja que ya te tenemos ubicada (…) matando al perro se acaba la rabia”.

Ante los hechos ocurrido, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la categoría de “hechos presuntamente delictuosos”.

Tras la apertura de la carpeta de investigación, la Policía Cibernética se encarga de rastrear el incidente.

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