Funcionarios del gobierno del Estado quedan infectados por el “coronavirus Pinocho”, pues las mentiras, los pretextos y amnesia fue evidente durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y otros tres, ante los diputados del Congreso local.
Durante el evento, se efectuó una protesta pacífica, pero la diputada panista, Rosa Adriana Díaz Lizama, los amenazó al establecer que ya están identificados y que utilizará la fuerza pública para desalojarlos.
En diversas ocasiones, los funcionarios salieron por la tangente con tal de no responder las preguntas comprometedoras, alegando que les ganó el tiempo para contestarlas o no tenían la información a la mano.
Incluso, al final, se negaron a dar entrevistas a los comunicadores, pues prácticamente optaron por darse a la fuga, al ser dirigidos por los pasillos libres de medios de comunicación.
Saidén Ojeda expresó que la aprobación de la iniciativa de ley para la venta indiscriminada de alcohol provocará en el Estado un disparo de la incidencia delictiva.
Indicó que muchos de los delitos se cometen bajo la influencia del alcohol, por lo que el autorizar la venta indiscriminada de bebidas embriagantes habrían más delitos.
Aseveró que “estoy en desacuerdo” de la aprobación de la iniciativa de ley del diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Cuevas Mena, de autorizar la venta de bebidas alcohólicas las 24 horas del día.
Sentenció que de entrar en vigor, “generaría más problemas”, tanto en el rubro de delitos, así como en accidentes de tránsito, e incluso, en suicidios.
Ante legisladores de siete partidos políticos, descartó que en el interior de la corporación existan elementos involucrados en la delincuencia organizada, al establecer que eran apócrifas las gorras oficiales que utilizaba un grupo de presuntos delincuentes detenidos la semana pasada.
Durante su comparecencia en la LXII Legislatura, comentó que los pistoleros de la colonia Francisco I. Madero se identificaban como agentes de la policía estatal, utilizando uniforme falso.
Explicó que tenían gorras que se venden de manera apócrifa, es decir, ningún agente está implicado con el grupo de delincuentes detenido el pasado miércoles 5, el cual era capitaneado por Gaspar Eduardo K. C., quien tiene un largo historial delictivo, a quien se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio calificado cometido contra servidor público, daño en propiedad ajena, usurpación de funciones y uso indebido de insignias.
“Ningún elemento está involucrado con la delincuencia organizada”, estableció al responder la pregunta sobre los pistoleros de la Madero, agrupación delictiva conformada por Eric Javier M. P., de 32 años de edad; Oscar Amílcar Z. B., de 34 años, y los hermanos Juan Daniel y José de Jesús G. C., de 25 y 35 años, respectivamente.
Tras su detención se les decomisó tres armas de fuego, dos de ellas calibre .9 milímetros, de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas, y otra pistola calibre 38 especial, así como uniformes, gorras, insignias y distintivos de la Policía Estatal de investigación de la SSP, además de 5.5 kilos de marihuana.
Cabe destacar que todos ellos fueron puestos a disposición del juez de control, por lo que el próximo miércoles 12 será la audiencia de vinculación a proceso.
También se le cuestionó sobre el polémico incidente registrado en la calle 60 con 35 del Centro Histórico de Mérida, el pasado 19 de enero pasado, donde un elemento de la policía utilizó gas lacrimógeno hacia un grupo de manifestantes.
Resaltó que la manifestación era pacífica, pero en un momento dado, “otro grupo identificado se incorporó a ellos e hicieron una gresca”.
El titular de la SSP agregó que al momento que un grupo identificado retiró las vallas y agredió a uno de los elementos, fue en el momento que se utilizó una granada con gas lacrimógeno
Estableció que fue una acción correcta, la cual “la utilizan los policías como un mecanismo disuasivo y no tener conflicto cuerpo a cuerpo”.
Abundó que hasta el momento, “nadie ha preguntado por elemento golpeado y existe un procedimiento abierto del hecho, cuya investigación está en Asuntos Internos de la SSP”.
Pero, Saidén Ojeda se negó a dar información sobre el caso del policía que lanzó la granada, pues en un principio se dijo que se dio de baja al elemento que sin autorización alguna utilizó el artefacto, entre otros cuestionamientos pendientes.
Al responder la pregunta sobre qué acciones se realizan para combatir los robos de casa habitación, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, aseveró que se creó la policía metropolitana, con 340 elementos, principalmente en la periferia de Mérida, y se creó un grupo multidisciplinario con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, para homologar los criterios, en especial, para que los ladrones sean juzgados y cumplan sus sanciones.
En cuanto al programa Yucatán Seguro, añadió que se adquirió 21 cámaras y se brindó servicio de mantenimiento a 300 más, al igual que ya se instaló el Comité de Seguimiento, del cual también forman parte los diputados, donde se informará sobre el uso del crédito aprobado, del cual ya se utilizó 600 millones de pesos.
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