Familiares y amigos del alcalde de Dzizantún se benefician con apoyos económicos

DZIDZANTÚN, Yucatán, jueves 18/02/21.- Mientras que a los ciudadanos les dicen que no hay dinero en la comuna y les niegan apoyos de traslado médico y medicamentos, la esposa, el cuñado y hasta el uno de los hermanos del alcalde de Dzidzantún Ismael Aguilar Puc cobran apoyos y subsidios económicos arriba de 11 mil 475 pesos cada uno.

En varios documentos que obran en poder de este medio informativo se puede apreciar cómo el alcalde desvía millonarios recursos “Peculado” beneficiando a su prima Neftaly Aguilar, su esposa la presidenta del DIF, Gladis Lizama, su cuñado Elmer Lizama, hasta su hermano Leopoldo Aguilar, estos últimos tres son maestros.

En más de 200 listas con el concepto 441, “pago por ayudas y subsidios económicos para personas de escasos recursos” tan solo del 1 de enero al 31 de marzo 2020, tres meses para ser exactos, se entregó 1,204,534.35 pesos, pero ese dinero no les llego a las personas más necesitadas, ya que lo cobraron hijos, sobrinos y amigos de funcionarios públicos.

Entre los beneficiarios se encuentra la esposa del alcalde, su cuñado, su hermano, varios hijos y sobrinos de empleados del ayuntamiento entre ellos la de la sindico, el oficial mayor, y hasta el del alumbrado público, muchos de ellos cobraron más de 10 mil pesos en tan solo tres meses.

Entre otros beneficiarios que recibieron el pago de ayuda económicas por ser personas vulnerables y de escasos recursos, se encuentran maestros, maestras, esposos de secretarias, incluso a parecen nombres de policías municipales, también aparecen los nombres de personas dedicadas a defender al acalde en las redes sociales.

Según el Artículo 223 del Código Penal Federal, Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo XII – Peculado, reza que comete el delito de peculado, Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado.
El peculado o malversación de recursos públicos, es considerado un delito federal penado de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

Fuente: ciudadanosaldia.com.mx

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