En audiencias, ejidatarios de Chocholá y Samahil denuncian a Alfredo Ramírez ex delegado de PA

Por El Cazador Nocturno

Poco antes del mediodía, campesinos de Chocholá y Samahil se manifestaron frente al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034 para denunciar al ex delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Alfredo Ramírez Gómez, quien aprovechó su cargo para violar la autonomía de los ejidos para el beneficio personal.
Al mismo tiempo provoca el enfrentamiento entre los mismos pobladores, pues los denunciantes firmaron en tiempo y forma su conformidad por la venta de terrenos al mismo tiempo recibieron la parte equitativa de dinero.

Cerca de 150 ejidatarios acudieron a las respectivas audiencias en las cuales se dio a conocer la intromisión del funcionario federal, quien luego de solicitar documentos oficiales utilizó a algunas personas de las poblaciones para interponer amparos sobre asambleas efectuadas años atrás.
El ejidatario Emmanuel Koyoc Aguayo reprobó la actitud de Ramírez Gómez, quien pretende cambiar la decisión tomada en asamblea, empleando para ello a tres personas para que interpusieran una denuncia para invalidar tal evento.

Durante la manifestación comentó que “en Samahil somos 442 ejidatarios, pero sólo tres están inconformes con la asamblea efectuada hace ya varios años”.
Lamentó la actitud de los ejidatarios Lorenzo Balam, Wilbert Chuil y Gabino Dzib, pues “están en contra del ejido de Samahil, que digan la verdad en su demanda, qué intereses persiguen”.

Incluso, en las mantas se estableció que “Esta demanda es una extorsión de Alfredo Rodríguez, enlace de la PA y junto con su socia Margarita Placido, que trabaja en el gobierno federal”.

Al mismo tiempo, en el TUA también estaban los ejidatarios de Chocholá, quienes se disputan 602 hectáreas vendidas hace siete años, de acuerdo con la asamblea efectuada en 2012, pero recientemente el funcionario federal interpuso un recurso legal para impugnar tal evento.

“Es la primera audiencia de una demanda en contra del Ejido por la venta de 602 hectáreas, efectuada hace siete años, es una acta impugnada en otras administraciones, la tercera en su tipo”, acotó la comisaria Maritoña Flores Rosado.

Por su parte, el ejidatario José Arturo Gómez Romero afirmó que “este tipo de demandas sólo sirve para aplazar, perjudicar y para que el ejido no esté bien”.
Durante el evento, se reveló que el pasado 13 de febrero, cuando Ramírez Gómez aún fungía como delegado de la PA, solicitó a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) copias certificadas de las actas de asambleas general de ejidatarios de Chocholá, efectuadas el 16 y 24 de diciembre de 2012, ambas con sus planos así como los anexos correspondientes.

Lo más sorprende fue que el RAN, al día siguiente entregó la respectiva documentación a Héctor Sánchez Aguilar, en representación de la PA, cuando por el mismo trámite los ejidatarios tienen que esperar hasta seis meses.

La documentación la entregó a integrantes de la “disidencia” del ejido de Chocholá, la cual se interpuso una denuncia para invalidar el evento efectuado en 2012, pero para la impugnación de una asamblea se tiene un plazo de 90 días naturales, de acuerdo con la Ley, pero Ramírez Gómez lo realiza siete años después.
Gómez Romero garantizó que la asamblea se efectuó de manera legal, y mientras que en el primer evento se aprobó el cambio de destino de tierras, en el segundo correspondió al otorgamiento del usufructo, pero “el funcionario federal quiere que todos los ejidos se conviertan comunales”.

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