El exorcista

EL NIDO DEL KAU

Hombre de sobrada ética, de congruencia personal, íntegro como presidente local de la Cámara Nacional De la Industria de la Tansformación, promotor de un sábado de pesca con la banda de los medios de comunicación, y titular de la Auditoría Superior del Estado, Mario Can Marín terminó el conjuro.
El exorcista levantó las manos al cielo y anunció: en el infierno yacen todos los fantasmas que ensombrecieron la gestión de Mauricio Vila Dosal como presidente municipal de Mérida. “La existencia de esas empresas está justificada”, recalcó.

Punto final a una historia que se remonta al mes de agosto de 2017, cuando un ex funcionario municipal destapó una gran red de corrupción en la administración del alcalde Mauricio Vila Dosal, mediante la creación de empresas fantasma que recibieron millonarios contratos. Más de dos años después, esa red solo pasó de Palacio Municipal al Palacio de Gobierno, sin ninguna sanción ni acción por parte de las autoridades responsables de investigar y sancionar malos manejos del erario.
“No tengo fines políticos y partidistas, mi posición es reiterar que es vergonzoso que Mauricio Vila haya saqueado al Ayuntamiento de Mérida por medio del uso de empresas fantasmas”, confirma el ex director del Rastro municipal, Santiago Alamilla Bazán, quien de agosto a noviembre de 2017 interpuso cinco denuncias penales por ese presunto ilícito.

Las denuncias interpuestas arrojan que, como alcalde, Mauricio Vila firmó en 2016 y 2017 contratos por más de 182 millones de pesos con 46 empresas ligadas a militantes del Partido Acción Nacional, con familiares de empleados municipales y particulares con domicilios falsos, en viviendas de interés social, para servicios de de jardinería, limpieza de la vía publica así como la creación de un organismo paramunicipal para ejercer recursos de Capital Americana de la Cultura.

Esas 46 empresas se crearon únicamente para desviar recursos libremente, sin tener que pasar por los órganos fiscalizadores y tuvieron una cadena de mando más corta para ejercer los recursos.

De agosto a noviembre de 2017, Alamilla Bazán interpuso cinco denuncias penales contra servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Mérida así como contra algunos proveedores y prestadores de servicios que a través de las denominadas “empresas fantasmas”, es decir empresas que únicamente existen en documentos y dadas de alta ante el SAT, pero que carecen de infraestructura y personal debidamente contratado para brindar los servicios correspondientes, con el fin simular la prestación de los servicios.

Todas las denuncias interpuestas señalan y documentan ampliamente la red integrada por Vila Dosal mediante dos operadores clave: María Dolores Fritz Sierra, hoy secretaria de Gobierno y responsable de dar forma legal a los concursos amañados, y Juan Carlos Rosel Flores, titular de la Agencia de Administración Fiscal, quien controla las áreas administrativas de todas las dependencias del Ejecutivo yucateco.

En las citas en torno a esa investigación, Juan Carlos Rosel, los ex regidores José Luis Martínez Semerena (fue el coordinador de los regidores del PAN) y Mauricio Díaz Montalvo (fue regidor de Obras Públicas y hoy director del Patronato de Cultur), así como el ex Subdirector de Servicios Internos, Mauricio Cámara Leal, no declararon nada. Se acogieron a una instancia de la ley que permite a sus abogados contestar a futuro.

El 23 de mayo de 2018, la Fiscalía General del Estado informó que a través del mandato de un Juez de Control continuó con el llamado “debido proceso”: los imputados acuden a rendir su declaración sobre las denuncias por lavado de dinero, desvío de recursos y peculado, entre algunas otras.

Cuenta la leyenda que pronto se comprobará que tampoco hay favoritismo en la asignación de los contratos de las más importantes obras públicas, como gobernador de Yucatán.

Fuente: Periódico “La Verdad”.

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