El día 24 de enero, acudió al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) la síndico municipal del municipio de Maní, Yucatán, a interponer un recurso de amparo por la violencia política que el alcalde Arón Jesús Interina Bojórquez ha venido ejerciendo en su contra, actos que van desde negar la cuenta pública, contratos, licitaciones, actas de cabildo, por mencionar algunos y que han aumentado de intensidad usando palabras altisonantes contra la afectada quien asegura que el primer edil usa los actos públicos para incitar al odio de la población en su contra.
En entrevista para este medio, la síndico municipal de Maní, señaló que como parte de sus funciones está transparentar y fiscalizar la cuenta pública de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que desde el inicio de la administración 2018-2021 que preside Arón interian Bojórquez ha estado vigilante, en apego a sus funciones, sin embargo esto ha sido el detonante para que el alcalde cometa distintos tipos de violencia contra la afectada, que van desde retenciones indebidas de su salario hasta la negativa a entregar documentos oficiales del municipio. La afectada afirma haber encontrado en el libro de actas municipales, documentación apócrifa donde se simulan juntas de cabildo inexistentes, esto último intensificó la violencia, sumándose a las agresiones el secretario municipal, Manuel Antonio López Vásquez, y el tesorero, Antonio Eduardo Yah Ek, quienes ocultan y niegan la documentación impidiendo con ello el desempeño de las labores de la síndico.
Entre lo más deplorable en la actitud de primer edil, está el uso de palabras altisonantes usadas contra la afectada en juntas oficiales de cabildo, lo que saca a relucir la esencia y valía de su persona, estas agresiones encontraron su punto de mayor intensidad el día 21 de diciembre del 2019 cuando en un acto público el alcalde culpó del mal funcionamiento del ayuntamiento y del retraso de pago de salarios a la síndico municipal. Esto derivo en la lapidación de la vivienda de la agraviada estando presentes sus hijos menores de edad
Hay que aclarar que estos hechos ocurrieron teniendo vigilancia policíaca de elementos de la secretaria de seguridad pública del estado de Yucatán, como parte de un protocolo de seguridad que le había otorgado la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por estos hechos pidió el apoyo en el Instituto de la mujer siendo canalizada con su familia a un albergue temporal, manteniéndose alejada de su municipio por quince días. Estos hechos y todos los que derivan de él, han sido del conocimiento de distintas autoridades desde su comienzo, entre ellas el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, los diputados locales, Rosa Adriana Días Lizama y Luis Borjas, también del INDERM, ASEY, FGE, IEPAC, TEEY y fiscalía anti corrupción, no obstante a ello todos parecieran omitir sus responsabilidades.
Deja un comentario