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Ola de feminicidios en Yucatán provoca desconfianza

La representante en Yucatán de la Observacional Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, afirmó que la ola de feminicidios que en Yucatán se registra sólo provoca la desconfianza que se tiene en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como del Poder Judicial del Estado (PJE).
Resaltó que en el primer semestre de éste año, en la entidad ya se registraron siete asesinatos de mujeres, los cuales fueron tipificados como de femicidios.
“Es trágico que en tan sólo un mes se registren tres feminicidios, y más aún, que en menos de 48 horas se den dos casos”, abundó.

Reprobó el asesinato de Heidi del Rocío Tziú Cardos, de 18 años de edad, quien fuera estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobay) de Peto, por parte de su novio, Adrián Alejandro Chan Novelo, hecho que sucedió el 6 de junio.
Asimismo, enunció la muerte de Lourdes Marisol Sánchez Cuevas, de 33 años de edad, el cual es el segundo en su tipo en menos de 48 horas, pues el anterior fue cometido en contra de Jéssica Esmeralda Cano Baas, de 26 años.

Afirmó que estos incidentes ocasiona que la ciudadanía desconfíe aún más de sus autoridades, y en el caso de la FGE, cuenta con el personal calificado para brindar un buen servicio de prevención así como para el esclarecimiento de los casos, pero su labor es deficiente.

Ejemplificó el caso de la mujer que fue ahorcada en Progreso, y a pesar de la evidencia, manifestaron que murió ahogada.

Consideró que “la Fiscalía pretendió ocultar el caso de Sánchez Cuevas”, ya que el lamentable hecho se registró el domingo 25, y fue el martes 27 cuando salió a la luz pública.

Dicha tardanza provocó la fuga del presunto homicida, Ricardo Jesús Moo Llanes, quien fue amigo sentimental y primo político de la hoy occisa.

En el caso del PJE, indicó que los jueces y magistrados “se van por lo más fácil, aprovechando la irregularidad que prevalece en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como el nuevo Código Procesal Penal que lo sustenta, el cual entró en vigor el 15 de noviembre de 2011.

“¿Cómo va a ser posible que a un homicida confeso le otorguen seis años de prisión, cuando la pena máxima es de 40 años? Lo único que provocan es que dicha persona vuelva a matar a una mujer”, acotó.

La entrevistada agregó que “tanto la FGE como el PJE, claramente violan la ley y hacen mal uso del Sistema de Justicia que hoy nos rige”.

“Si el agresor acepta su culpa, sólo le dan seis años, por lo que nuevamente recobrará su libertad. ¿Dónde está la justicia?, ¿Dónde están los derechos de la familia afectada? Esa es la ventaja que les otorga en el actual Sistema de Justicia”, cuestionó.

Sentencia irrisoria

De igual está el caso de Alejandrina Guadalupe Chacón López, de 17 años de edad, quien quería ser una modelo profesional, quien fuera asesinada por el chiapaneco Natividad de Jesús Reyes Damián, que fungía como instructor comunitario del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), entrenador de equipos de fútbol infantil y artesano.
El asesino pactó con el Ministerio Público una sentencia irrisoria de seis años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado en el que fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio por la juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, Diana Yadira Garrido Colonia.

Durante el proceso, se confesó culpable de asesinar a la adolescente Alejandrina Guadalupe Chacón López, y tirar su cadáver en un rancho de Umán, para luego cubrirlo con cal para deshacerse del cadáver.

Le hoy finada vivía en el fraccionamiento Villas de Umán Norte, del que Reyes Damián era el representante habitacional, y quien acudió el 7 de julio del 2015 a su domicilio para una supuesta sesión de fotografías para unas revistas y con la promesa de pagarle la suma de 10 mil pesos.

Para ello, le indicó que llevará cuatro playeras para cambiarse, pero a la menor ya no se le volvió a ver con vida, mientras que el asesino desapareció, salió del Estado y fue detenido mediante orden de aprensión librada el 15 de agosto del 2015 y ejecutada el 2 de septiembre de 2016.

El cadáver de la joven, fue encontrado en el rancho conocido como “Apilandia”, propiedad de Adolfo Solís Quintal, boca abajo y cubierto con cal, una semana después de haber sido asesinada, al parecer por resistirse a tener relaciones sexuales con su victimario.

Dicho rancho está ubicado cerca de Umán-Oxholón y por la lluvia se deslavó la cal del cuerpo de la joven, que tenía su domicilio en la calle 26-F por 7 del fraccionamiento Villas de Umán Norte
Al chiapaneco se le consignó por el delito de homicidio calificado, pero al resolver la Juez sobre su situación jurídica lo reclasificó simplemente por homicidio.

Por ende, fue enviado a prisión preventiva y ahora, con la asesoría jurídica de sus abogados Emmanuel Quintanilla Sánchez y Rodrigo Ignacio Ortiz Eljure, se acogió a los beneficios de un procedimiento abreviado y pactó una condena de apenas seis años y ocho meses de prisión, con un grado de culpabilidad mínimo.

 

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