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Las sociedades de padres de familia ¿A quienes ayudan?

Por: Marijose Canul

El viernes próximo pasado este medio de comunicación hizo público un hecho que se generó en un plantel de educación preescolar en Umán: un grupo de padres de familia de niños egresados del kínder Brígida Alfaro, aseguran que la directora, Josefina Sánchez, se negó a entregar los certificados de los pequeños cuyos padres no habían cubierto la cuota voluntaria de $200 por alumno.

La nota, escrita por una servidora, generó diversas y encontradas reacciones: por un lado, se encuentran padres que afirman que los servicios de educación pública en México, no deben estar supeditados a una cuota voluntaria y que por ninguna causa o justificación pueden condicionar la inscripción, el acceso al plantel, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los estudiantes o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de éstos.

Del otro lado están los padres que afirman que es sumamente importante invertir en la educación de nuestros hijos y que dichas cuotas voluntarias son utilizadas para el bien común y que, por tanto, no es justo que los beneficios generados por esos recursos sean disfrutados por niños de padres desobligados e inconscientes del bien común.
Lo triste de este asunto es que el debate generado por la nota no ha dado lugar a propuestas y acuerdos, sino a rompimientos y descalificaciones.

En realidad, los padres de familia de ambos bandos no se han dado cuenta que, dentro de este conflicto, las dos posturas tienen más coincidencias que diferencias desde que las dos posturas son ciertas. Sí así es ¿cuál es el problema entonces? De entrada, hay que preguntarse ¿Cuál debe ser la función de la sociedad de padres de familia y que uso se le deben dar a los recursos que está administra? Creo que nadie duda que la respuesta es: esos recursos se deben invertir en la educación de nuestros hijos. Pero también hay que tener muy en claro que la SEGEY tiene la obligación, por Ley, de proporcionar los recursos materiales y humanos suficientes para que los planteles escolares funcionen de manera adecuada. Sin embargo, eso no sucede y por esa razón podemos ver que, en Umán, en Yucatán y en todo el país hay cientos de miles de planteles escolares que sufren un grave abandono:

baños sucios y con instalaciones inservibles, los espacios recreativos con maleza, aulas mal equipadas y un lago etcétera.

Normalmente las cuotas, que los padres otorgamos, sirven para cubrir parcialmente esas deficiencias y rezagos.
Esta posición, la de usar ese recurso para subsanar deficiencias, a pesar de ser bienintencionada no es la correcta: los padres de familia sí estamos obligados a coadyuvar en la educación de nuestros hijos, pero la SEGEY es la que tiene la obligación de crear esos espacios dignos y con los recursos suficientes para que eso suceda. “¡Pero es que no lo hacen y alguien tiene que hacerlo… es por el bien de nuestros hijos!” dirán algunos padres.

Yo les contesto: no lo hacen porque nosotros mismos no les hemos enseñado que es su obligación hacerlo, por el contrario, lo único que estamos haciendo es fomentar el valemadrismo y la corrupción en el manejo del presupuesto educativo.

Valemadrismo porque ¿para qué se van a preocupar las autoridades en resolver esos problemas si los padres lo hacemos? Cómo dicen en mi colonia: ya nos agarraron de sus pendejos. Corrupción porque con nuestras acciones fomentamos que el dinero que se debe invertir en infraestructura, servicios y recursos humanos se mal utilice.
Y quien afirme que es por falta de recursos se equivoca.

Al menos en Yucatán las cifras oficiales indican que se destina un 55.1% de los recursos económicos a los servicios educativos, muy superior al del promedio nacional que es de 45.2%.

En Yucatán la más reciente aportación que se realizó al rubro de la educación pública es, en cifras gruesas, $1,500 millones.

¿Cuántas asociaciones de padres de familia han ido a las oficinas estatales a exigir que les digan cómo y en donde se ha invertido esa suma? ¿Dos? ¿Tres? Póngale usted una cifra, cierta estoy que por muy alta que sea sólo será de un número.

Por otro lado, en Yucatán contamos con alrededor de 1,332 escuelas preescolares, 1,535 escuelas primarias, 625 escuelas secundarias, 119 bachilleratos afiliados a la SEP para hacer un total de 3,661 planteles por lo que a cada plantel le corresponde en promedio unos $410 mil.

Es verdad que parte de esa cifra se debe utilizar para crear nuevos centros educativos, pero también hay que tener en cuenta que, de esos 3,661 planteles, aunque afiliados a la SEP son escuelas privadas, así que puede usted hacer sus propias cuentas.

Las asociaciones de padres de familia deben, entonces, asumir una postura diferente al consentimiento y dejar de servir como costurera remendona que sólo sirve para parchar la ineficiencia corrupción de nuestras autoridades. En ese sentido debe asumir, como asociación civil, la responsabilidad de vigilar que los recursos sean bien invertidos al gestionar ante las autoridades, de todos los niveles, transparencia en el uso de esos recursos.

De esa manera las cuotas que los padres tengan a bien aportar pueden destinarse de manera más efectiva a la educación de nuestros hijos en rubros que la SEP no está obligada a cubrir, como lo son actividades culturales y deportivas extracurriculares.

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