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Evidente fracaso de la FGE ante caso Triay-Lara: PJE

La absolución de Enrique Lara González, acusado de ser el autor intelectual del polémico homicidio del afamado psiquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche, representa un fracaso para la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó el presidente del Poder Judicial del Estado, Marco Alejandro Celis Quintal.

Incluso, dada la decisión jurídica, el caso Lara González está cerrado y no puede ser nuevamente juzgado por el asesinato registrado hace casi 3.5 años.

“La Fiscalía no tuvo todos los argumentos para sustentar las acusaciones en contra de Lara González”, cuyo juicio tardó en resolverse tres años y cinco meses, acotó.

Ante los hechos, el titular de la FGE, Ariel Aldecua Kuk, se niega a dar entrevistas con respecto al caso, e incluso, opta por huir de los comunicadores, tan como se registró en Palacio de Gobierno.

Las evidencias que la FGE presentó sólo sirvió para inculpar al autor material del crimen, Pablo Santos García, originario de la Ciudad de México, quien fue condenado a 35 años de cárcel y al pago de 35 millones 600 mil pesos.

Pero no pudo sustentar que el ex presidente del Colegio de Psiquiatras de Yucatán fue el autor intelectual del homicidio calificado en contra de su homólogo, a pesar de “tener todas las pruebas incriminatorias”.

Celis Quintal aseveró que “ante lo dispuesto por el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, Lara González ya no puede volver a ser juzgado”.

Por ende, se debe de respetar el veredicto que el pasado jueves 18 se dio a conocer en torno al homicidio de Triay Peniche, caso en el cual presuntamente dos especialistas en salud mental asesinaron a su homólogo, cuyo cuerpo fue desmembraron y colocado en la cajuela en la cajuela de un carro, el cual fue abandonado en un estacionamiento de una cadena comercial.

“El caso está cerrado, ya lo resolvió la máxima autoridad”, al invalidar todo el proceso en contra de Lara González, a quien se le dejó libre porque que no se le pudo comprobar la autoría intelectual de homicidio perpetrado el 16 de agosto de 2014.

“Debido a ello, no hay marcha atrás”, sentenció el magistrado al abundar sobre la mala estrategia empleada por la FGE.

El homicidio cometido con premeditación, alevosía y ventaja se registró cuanto la hoy diputada Celia Rivas Rodríguez estaba al frente de la FGE, quien en su momento afirmó que contaba con las pruebas para incriminar a ambos responsables del crimen,

La respetiva carpeta de investigación la terminó de integrar Aldecua Kuk, quien en todo momento mantuvo la postura de que Lara González era culpable.

Controversia

De acuerdo con el expediente, bajo engaños, el hoy occiso arribó al departamento rentado por García Gutiérrez, ubicado en la calle 25 entre 20 y 22 de la colonia García Ginerés.

En dicho lugar, Triay Peniche fue ultimado con un arma blanca, al grado que en 22 ocasiones se le asestó un cuchillo. Después de rematarlo le destrozaron el corazón, luego con una sierra eléctrica se le mutiló para poner los miembros en cajas.

Posteriormente, los inculpados dejaron durante varios días el cadáver del médico psiquiatra en el lugar de los hechos, que mantuvieron en hielo, en tanto planeaban la manera de deshacerse del mismo.

El 20 de agosto de 2014, ambos psiquiatras abordaron el Nissan Rouge negro, modelo 2009 con placas de circulación YZU 9284, propiedad del hoy occiso, y abandonaron el vehículo en el estacionamiento de conocido centro comercial de Ciudad Caucel.

El cuerpo del hoy extinto fue hallado de manera fortuita, debido a la fetidez que emanaba el cuerpo en estado de descomposición.

Lara González fue considerado como el presunto autor intelectual del homicidio perpetrado en contra de su colega, al parecer, por celo profesional, ya que el hoy finado fue nombrado como titular de la Dirección de Psiquiatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Regional, y estaba a días de ocupar el cargo.

Para sustentar los cargos, la FGE recabó indicios en dicho departamento así como en el vehículo, y se analizaron seis registros de video, obtenidos del estacionamiento del Hotel Hyatt y en una clínica privada, donde se ve a Triay Peniche abordando un Jetta blanco, así como de las cámaras de video de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando se estacionaba la camioneta Rouge en el centro comercial.

Tras su detención, y durante el proceso, fue en febrero del 2017 cuando mediante una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Casación ordenó al Tribunal Segundo de Juicio Oral que cancelara la orden de aprehensión emitida en contra de Enrique Lara.

Sin embargo, no se canceló, por lo que la defensa promoción un amparo indirecto, mismo que se volvió amparo directo, en razón a que dicha jurisprudencia considera que sentencias como la casación son definitivas.

Entonces, el Juzgado Quinto de Distrito declinó competencia al Tribunal Colegiado y este último aceptó conocer del amparo, mismo que ahora se resolvió en favor del acusado.

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