Home / Kanasín / Ciudadano asegura ser víctima del sistema de justicia de Yucatán

Ciudadano asegura ser víctima del sistema de justicia de Yucatán

Por Félix Bigman

Lorenzo Antonio Torregosa Giménez, después de haber pasado seis años y cinco meses en prisión sin haber cometido delito alguno, busca ser indemnizado por el estado mexicano acuerdo a los a tratados internacionales en derechos humanos.

Todo inició por una disputa de un predio que habitaba con su familia y del cual fue demandado por despojo de bien inmueble, siendo que él había tenido la posesión durante varios años. Razón por la que interpuso la denuncia # 2295/59/2006 en la Procuraduría General del Estado de Yucatán. A partir de eso, dice haber comenzado a recibir amenazas por parte del sub procurador de averiguaciones previas Rafael Acosta Solís. De igual forma, dice Torregosa Giménez, que él y su esposa eran acosados por personas armadas en la puerta de su casa. Cierto día, cuando caminaba con su mujer casi llegando a la esquina de su hogar, unos policías estatales lo subieron por la fuerza a una unidad y lo trasladaron a una agencia del ministerio público lugar donde fue golpeado y torturado por agentes ministeriales para, luego, ser trasladado al centro de readaptación social en Mérida, Yucatán, lugar en donde le dijeron que tenía una demanda por allanamiento de morada. En su intento por defenderse hizo una apelación con la Juez Leticia del Socorro Coba Magaña, quien desecho todas las pruebas del imputado y, extrañamente, extravío el expediente.

Una sorpresa desagradable le esperaba pues después recibió dos denuncias más: una por violación equiparada y por abuso sexual, esta vez presento una nueva apelación, pero en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en donde el magistrado presidente Marcos Celis Quintal desecho todas las pruebas del afectado. Esto le llevó a que presentara un amparo en el Tribunal Supremo de la Nación. Ahí, los magistrados encontraron tantas anomalías en las acusaciones por violación equiparada y abuso sexual que ordenaron su inmediata liberación. Dejando mañosamente como justificante la demanda por allanamiento, de la cual no encontraron pruebas, y la única testigo presentada por la parte acusadora dijo textualmente “no vi nada” como se puede ver el origen de las violaciones a los derechos humanos en México, por parte del sistema de justicia es la forma en que se pisotea el debido proceso, siendo que es un derecho humano que se encuentra en la Constitución, en la declaración universal de los derechos humanos y en cada tratado internacional de derechos humanos en los cuales México forma parte.

Uno de los casos más conocidos donde el debido proceso fue pisoteado por la autoridad es el de Antonio Zúñiga (presunto culpable) ¿cuál será la razón de fondo por la cual los ministerios públicos policías y jueces no respetan el debido proceso? Un juez no tiene margen de error cuando los derechos de la ciudadanía están de por medio. Los derechos y garantías de los ciudadanos no son juguetes en manos de un grupo caciquil de licenciados y jueces. Es su obligación proteger el debido proceso al pie de la letra.

El debido proceso es un derecho humano reconocido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ahí la obligatoriedad del estado mexicano para ceñir el desempeño de sus organismos estatales conforme a los lineamientos que la Convención estipula; por ello, cualquier resolución que ponga fin a un juicio, debe estar debidamente soportada sobre los pilares fundamentales del debido proceso.

La Secretaría de Gobernación a través de su página lo explica de esta forma:
El debido proceso es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro.

El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades; esto se conoce como “derecho a un recurso”. El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos; esto se conoce como “derecho al debido proceso legal”.

¿Qué se entiende por derecho a un recurso?

Se trata del derecho que tengo a recurrir y que me escuche públicamente un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Esto quiere decir que, en caso de ser una persona acusada de cometer un delito, debo ser oída en un acto transparente y abierto, ante una autoridad que legalmente sea competente para tomar decisiones sobre el caso, que sea imparcial, es decir que no dependa de otra persona y que juzgue conforme a las leyes y sin consideraciones personales, morales o políticas.

¿Las autoridades deben actuar de forma imparcial?

Sí, las autoridades, incluyendo el ministerio público, deben actuar con imparcialidad y sin injerencias. Esto quiere decir que la autoridad debe conducirse de acuerdo a lo que establecen las leyes y cumplir sus funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados; sin prejuicios, respetando y protegiendo la dignidad humana y defendiendo los derechos humanos de las personas acusadas. El gobierno, las leyes, los jueces y la sociedad en general deben hacer todo lo posible para que los ministerios públicos actúen sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados.

Artículos constitucionales relacionados con la ley del derecho penal y el debido proceso
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 102 y 104, veremos cuales aplican al procedimiento, en otros a juicio, al proceso o la instancia aplicable en materia penal.

ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.

Daremos mención a los tres primeros párrafos del artículo, ya que en este consta el procedimiento penal “Garantías de seguridad jurídica”.

-Garantía de irretroactividad de la ley. – Nos da a entender que la ley es completamente irretroactiva cuando en su aplicación no se autoriza a hechos o derechos adquiridos en el pasado, sin embargo, de acuerdo al precepto jurídico, la ley se aplicara de manera retroactiva cuando sea en beneficio del Inculpado.

-Garantía de audiencia. – En esta garantía se plasma el derecho de ser oído y vencido en juicio a su defensa y aportando pruebas para ello, por lo que nos da a conocer el precepto legal, el cual dice: “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio ante los tribunales”.

-Garantía de exacta aplicación de la ley penal. – En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. El principio fundamental NULLUM CRIMEN SINE PREVIA LEGE POENALE SCRIPTA ET STRICTA (no hay delito sin previa ley penal escrita y estricta) establece como la única fuente directa, inmediata y suficiente del mismo, a la ley, y este principio es válido sólo en tanto que está establecido legalmente.

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL.

-Garantía de libertad personal. – Ningún ciudadano mexicano puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, salvo algún mandamiento judicial donde contenga los requisitos necesarios como: exista una denuncia o querella y que los hechos se actualicen con forme a la ley descrita como delito (fondo y forma).

*Fondo = Derecho sustantivo, ejemplo: código penal
*Forma = Derecho adjetivo, ejemplo: código de procedimientos penales.

-Garantía de inviolabilidad del domicilio. – En este párrafo podemos ver que se establece que las comunicaciones privadas son inviolables excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por algunos de los particulares que esté involucrada en ella, por lo que la ley sanciona penalmente a cualquier que atente contra esta garantía. La excepción a esta garantía la posee la autoridad judicial federal, a petición de la representación social, siempre y cuando contenga información relacionada con la comisión de algún delito descrito en la ley y para ello deberá fundar y motivar las causas legales a dicha solicitud.

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.

-Nadie podrá hacer justa por propia mano y señala al estado para proveer de pronta, completa, exacta e imparcial justicia y su servicio será de manera gratuita y prohibiendo las costas judiciales “Mordidas”.

-También señala que en materia penal se debe de asegurar la reparación del daño y establecer los casos en los que se requiera la supervisión judicial para su total cumplimiento en los mandamientos judiciales.

-Señala también que se otorgara una defensoría de calidad al probable responsable.

-Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil “nuestras leyes penales mexicanas no consideran delitos las deudas de carácter civil, aunque la excepción recae en el fraude o la expedición de un cheque sin fondos, lo cual originan la pena de prisión, no por deuda de dinero, sino por la conducta encaminada a procurarse una cosa mediante engaños”.

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL.

-Se establece que solamente por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, así como también se establece las reglas básicas del sistema penitenciario con el objetivo de la reintegración del sujeto a la sociedad.

ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL.

-Este articulo hace mención a que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas (prisión preventiva), a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, a esto nos referimos con la “Garantía” Litis cerrada (Por el contrario, una Litis cerrada implica que una vez determinada la materia de la controversia, con la demanda y la contestación, el objeto de debate no puede modificarse en forma alguna).

-La excepción se encuentra cuando el Ministerio Publico solicite al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL.

-En este artículo nos señala las principales garantías procesales de las partes, donde especifica que los juicios en materia penal siempre deberán ser regidos por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, por lo que el proceso penal será acusatorio y oral.

Del apartado A correspondiente a este artículo nos hace la mención a los principios generales de los juicios orales por lo que transcribiré ya que resulta interesante como debe llevarse este proceso ante el juzgado penal.

“A) De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.”

B) De los de la persona imputada.

-Presunción de inocencia. – El órgano acusatorio presumirá su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

-Garantía de no auto incriminarse. – El imputado tiene el derecho de declarar o a guardar silencio.

-Garantía de seguridad jurídica. – Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Por lo que queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.

-Garantía de defensa. – A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten para poder formar su defensa. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

-La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada.

-Garantía de audiencia pública. – Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. -La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley: Por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

-Garantía de defensoría adecuada. – Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, por lo que queda a su completo arbitraje decidir si está siendo o no recibiendo una correcta y concreta asesoría legal y complementa con el artículo 17 constitucional, donde da la base para una defensa de calidad.

C) Derechos de la(s) victima(s) u ofendido(s).

I.-Derecho a recibir asesoría jurídica.

II.-Proporcionar todos los elementos o pruebas para ayudar al representante social con el propósito de coadyuvar a que se desahoguen las diligencias y a intervenir en el juicio e interponer recursos en términos que la ley señala.

III.-Recibir atención médica y/o psicológica de urgencia cuando lo requiera.

IV.-Derecho a que se le repare el daño causado en su patrimonio (La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño).

V.-Derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos:

“Cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.”

ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL.

– Este artículo corresponde a la intervención del representante social en todas las etapas procesales de la investigación de los delitos. “El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”

ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL.

-Garantía de seguridad jurídica. – Esta garantía nos habla sobre el derecho que tiene el inculpado en cuanto a su integridad física y sobre sus bienes, ya que hace mención a que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

-Garantía de seguridad jurídica. – Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

ARTICULO 23 CONSTITUCIONAL.

–Garantía de seguridad jurídica. – Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

-El juicio de amparo no es la tercera instancia, ya que no tiene los mismos elementos subjetivos y objetivos, por lo que estamos ante un juicio nuevo, distinto y autónomo de la Litis original.

-Prohíbe la práctica de absolver instancia, La excepción a que se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria, es cuando el reo muere durante el juicio o que el ministerio público se desista de la acción penal, en estos casos el proceso se sobresee.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL.

En este artículo describe los derechos, obligaciones y estructura orgánica del representante social (Ministerio Público).

ARTICULO 104 CONSTITUCIONAL.

Hace mención al alcance de los Tribunales Federales, en cuanto a materia de competencia.
Declaración Universal de los Derechos humanos

Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16.
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17.
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27.
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

El sistema de justicia en México resulta ineficiente, inhumano y desfasado ante las graves cosas que ocurren en el país además le ofrece pocas garantías a quien ha sido víctima de su ineficiencia. Para poder obtener la reparación en los daños físicos, emocionales, sociológicos, de salud, económicos, familiares, patrimoniales y comunitarios.

Según una encuesta realizada por el centro de investigación y docencia económica (CIDE) El 94 por ciento de las detenciones de los imputados no fueron llevados ante un juez sino ante una agencia del ministerio público o comandancia de policía. La mitad de los internos de los reclusorios del país no fueron informados de los motivos de su detención hasta haber sido llevados a alguna agencia del ministerio público. El 10 por ciento estando en el reclusorio. De los detenidos el 72 por ciento no fue informado de su derecho a declarar. Y el 70 por ciento de los casos ni se les dijo que podían realizar una llamada telefónica. La mitad de los internos no conto con un abogado al momento de su declaración.

El sistema penal inquisitorio tiene algunos años que no se aplica en Yucatán al haber entrado en vigor el nuevo sistema acusatorio. Sin embargo, los vicios y malas prácticas del anterior sistema se siguen llevando a la práctica por todo el aparato de impartición de justicia del estado mexicano, que como inicio del efecto cascada hacia las violaciones a las garantías y derechos humanos tiene por mal vicio agredir el debido proceso.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.